Contraloría General advierte sobre inviabilidad de decreto que traslada fondos de pensiones a Colpensiones
En un análisis detallado del borrador de decreto presentado por el Ministerio de Trabajo, la Contraloría General de la República ha emitido una advertencia contundente: la norma que ordena el traslado de más de $25 billones desde los fondos de pensiones privados hacia Colpensiones resulta jurídicamente inviable y podría tener consecuencias financieras graves para el país.
Riesgo de desvío de ahorros pensionales a gasto corriente
El ente de control precisó que la propuesta normativa "resulta preocupante" porque podría generar que los recursos destinados originalmente al ahorro pensional de largo plazo se empleen para financiar gasto corriente del pago de mesadas pensionadas. Esta situación se daría porque el traslado de recursos acumulados a Colpensiones implica que aquellos dineros pensionales puedan redirigirse hacia necesidades financieras inmediatas del Estado.
Fundamento legal cuestionado
Aunque la propuesta se basa en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, la Contraloría destacó que esta misma norma establece claramente que el dinero de las cuentas de ahorro individual debe permanecer bajo la administración de los fondos privados hasta que se consolide el derecho pensional de cada persona. "En consecuencia, no resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos", señaló el organismo.
La advertencia cobra especial relevancia considerando que, con corte a febrero de 2026, ya se han trasladado 119.496 colombianos al Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones, cuyos ahorros pensionales superan los $24,7 billones. De este total:
- 18.507 personas ya adquirieron el derecho a pensión con recursos de aproximadamente $5,1 billones
- El resto aportaría cerca de $686.642 millones anuales
Falta de mecanismo institucional para el traslado
La Contraloría identificó otro problema fundamental: no existe un mecanismo institucional adecuado para recibir los recursos que se pretenden trasladar. Esto se debe a que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que según el Decreto 1225 de 2024 debería administrar estos recursos, aún no ha entrado en operación.
Los fondos privados de pensiones han señalado que, respecto a las 18.507 personas que ya pueden acceder a sus pensiones, no se puede proceder con el traslado porque la normativa vigente exige que los recursos permanezcan bajo su administración hasta que el mencionado fondo inicie operaciones.
Posibles consecuencias fiscales a largo plazo
El organismo de control fue especialmente enfático al alertar sobre las consecuencias fiscales que podría generar esta medida. El escenario planteado por el proyecto del Ministerio de Trabajo "podría generar un incremento del pasivo pensional del Estado", sustituyendo la sostenibilidad de largo plazo por un alivio fiscal temporal.
La Contraloría advirtió que esta aproximación terminaría trasladando cargas fiscales a las generaciones futuras, creando un problema estructural en las finanzas públicas colombianas.
Destino final de los recursos según la ley
Finalmente, el ente de control aclaró un punto crucial: si la Corte Constitucional declara exequible la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), los recursos ahorrados irían directamente al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República, y no a Colpensiones como plantea el decreto en discusión.
Esta distinción es fundamental porque establece mecanismos institucionales diferentes para la administración de los recursos pensionales, con implicaciones directas en la transparencia y sostenibilidad del sistema.
