Gobierno enfrenta críticas por decreto que trasladaría billones de pensiones a Colpensiones
El Gobierno Nacional se encuentra bajo fuertes cuestionamientos tras revelarse un borrador de decreto que ordenaría el traslado masivo de recursos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La medida, que afectaría entre 25 y 27 billones de pesos, ha generado una intensa polémica entre distintos sectores económicos y expertos en seguridad social.
Alarma en el sector privado de pensiones
Colfondos y otras administradoras privadas han advertido que esta iniciativa podría poner en grave riesgo no solo el ahorro pensional, sino las futuras pensiones de millones de afiliados colombianos. La controversia se centra específicamente en dos aspectos fundamentales: el mecanismo de traslado pensional y la legalidad de las órdenes emitidas por el Ministerio de Trabajo.
"Órdenes que no son a nuestro juicio legales según la ley que está vigente", afirmó categóricamente Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien explicó que esta disposición gubernamental implicaría que el ejecutivo tendría a su disposición inmediata una suma cercana a los 27 billones de pesos.
Preocupación por el destino de los recursos
Velasco recordó que, según la normativa actual vigente, "cuando la gente cumple edad de pensión, esos recursos según la ley deben pasar de la administración de los fondos privados al fondo de ahorro del pilar contributivo, que administra el Banco de la República y que va a invertir esos recursos". El dirigente gremial enfatizó que "en ningún momento la ley permite trasladar esos recursos a Colpensiones, porque en Colpensiones lo que pasa con los recursos es que se gastan inmediatamente".
La principal preocupación radica en que estos fondos podrían destinarse a pagos distintos a las pensiones, generando un efecto dominó en las finanzas públicas. "Y cuando Colpensiones no tiene plata, le pide plata al gobierno del Presupuesto General de la Nación y el PGN se financia con los impuestos de los colombianos", agregó el presidente de Asofondos, señalando el posible impacto fiscal de la medida.
Plazos ajustados y tensión creciente
El borrador del decreto establece además que los recursos deberían trasladarse en un plazo máximo de 15 días una vez entre en vigencia la disposición, lo que aumenta significativamente la tensión entre el Ejecutivo y los fondos privados de pensiones. Esta exigencia de tiempo reducido ha sido calificada como "poco realista" y "potencialmente perjudicial" por analistas del sector.
Actualmente, aunque la reforma pensional está suspendida, sigue vigente la posibilidad de que hombres y mujeres con menos de 10 años para pensionarse se trasladen entre fondos privados y Colpensiones. Sin embargo, el borrador exige que los fondos privados transfieran también los recursos de esos afiliados, ampliando considerablemente el alcance de la medida.
La situación ha generado un intenso debate sobre el futuro del sistema pensional colombiano, con voces que advierten sobre posibles consecuencias negativas para la estabilidad financiera del país y la seguridad de los ahorros de millones de trabajadores.
