El Gobierno nacional puso en marcha una de las medidas más relevantes del nuevo esquema pensional. A través del Decreto 0415 de 2026, se reglamentó el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones para los afiliados que cambiaron de régimen bajo la ventana de oportunidad de la Ley 2381 de 2024.
Detalles del Decreto 0415 de 2026
La norma ordena que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transfieran la totalidad de los ahorros individuales de los afiliados que migraron al Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimientos financieros generados. Según estimaciones de Asofondos, cerca de 120.000 personas habrían realizado este traslado, lo que implicaría el movimiento de aproximadamente 25 billones de pesos. Con esta medida, el sistema pasa de un esquema de ahorro individual a uno de reparto, en el que los recursos se integran a un fondo común administrado por el Estado.
Plazos definidos para el giro de recursos
El decreto fija tiempos específicos para la transferencia de los dineros:
- Afiliados no pensionados: 50 % del ahorro en un máximo de 20 días y el restante 50 % en los 10 días siguientes.
- Afiliados ya pensionados: traslado total en un plazo máximo de 15 días desde la entrada en vigencia de la norma.
Argumentos del Gobierno: sostenibilidad del sistema
El Gobierno sostiene que la medida busca corregir un "descalce financiero", dado que actualmente Colpensiones paga pensiones de afiliados cuyos recursos aún permanecen en fondos privados. Además, argumenta que, una vez se realiza el traslado de régimen, todos los riesgos pensionales —vejez, invalidez y sobrevivencia— pasan a ser asumidos por el sistema público, por lo que los recursos deben acompañar ese cambio.
Debate con el sector privado y cifras en discusión
El diagnóstico oficial ha sido cuestionado por Asofondos, que señala que el flujo actual no evidencia un desequilibrio inmediato. Según sus cifras, Colpensiones recibe cerca de 686.000 millones de pesos en cotizaciones y paga alrededor de 443.000 millones en mesadas. Mientras tanto, cifras oficiales indican que más de 119.000 afiliados ya han hecho el traslado de régimen y al menos 22.472 reciben su pensión en el sistema público.
Riesgos para el ahorro pensional, según analistas
El centro de estudios Anif advirtió que el traslado masivo de recursos podría afectar la sostenibilidad del nuevo modelo. Según sus estimaciones, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), administrado por el Banco de la República, podría iniciar con cerca de 5 billones de pesos menos en 2026, cifra que podría ampliarse a 15,2 billones hacia 2030. Para Anif, esto implicaría una menor capacidad de ahorro y capitalización en el sistema desde sus primeras etapas.
Impacto fiscal y sostenibilidad a largo plazo
El debate también tiene un componente fiscal relevante. Analistas señalan que el traslado permitiría al Gobierno aliviar presiones inmediatas sobre el presupuesto, al usar estos recursos para cubrir obligaciones actuales del sistema público. Sin embargo, advierten que este alivio sería temporal. A largo plazo, la reducción del ahorro podría afectar la capacidad del sistema para financiar pensiones futuras, lo que eventualmente podría traducirse en mayores impuestos, recortes del gasto o incremento del endeudamiento.
Un debate abierto sobre el futuro pensional
La reglamentación llega en un contexto de incertidumbre, ya que la Ley 2381 de 2024 se encuentra parcialmente suspendida por la Corte Constitucional, aunque sigue vigente el artículo que permitió los traslados. Con el decreto en marcha, se intensifica el debate sobre el equilibrio entre sostenibilidad fiscal, ahorro pensional y garantías para los afiliados en el nuevo sistema.
