El Gobierno Nacional expresó su profunda preocupación por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, que reglamentaba el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones. En un comunicado conjunto, los ministerios de Hacienda y Trabajo advirtieron que esta medida podría tener graves efectos sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano y afectar el pago de obligaciones a los afiliados que optaron por cambiarse al régimen público.
El centro de la controversia
Según explicó el Gobierno, el decreto suspendido permitía trasladar a Colpensiones los recursos de ciudadanos que, acogiéndose a la oportunidad excepcional de la Ley 2381 de 2024, decidieron cambiarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió la totalidad del decreto al considerar que se fundamentaba en una reforma pensional que actualmente no está vigente, debido a una suspensión previa de la Corte Constitucional.
El Ejecutivo señaló que, mientras la reforma siga suspendida, el marco normativo vigente continúa siendo la Ley 100 de 1993, que prohíbe la permanencia simultánea en dos regímenes pensionales.
No es sostenible pagar sin los recursos
En el pronunciamiento, el Gobierno aseguró que la decisión judicial genera un bloqueo operativo y financiero, pues obliga a Colpensiones a responder por obligaciones pensionales sin permitir el traslado de los recursos necesarios para financiarlas. “No resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora, pero que los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en una administradora privada”, señalaron los ministerios.
El Gobierno también insistió en que los recursos objeto de controversia continúan teniendo destinación exclusiva para la seguridad social y el pago de pensiones. Además, advirtió que la suspensión total del decreto podría generar un riesgo mayor para los afiliados al afectar la sostenibilidad financiera del sistema.
El comunicado fue firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez.
