La firma de abogados de Mauricio Pava presentó ante el Consejo de Estado una solicitud dentro del proceso que busca anular la Resolución 471 de 2025, emitida en el marco de la política de paz total. En el escrito, se argumenta que la implementación de estas zonas se realizó sin una ley de sometimiento aprobada por el Congreso y sin garantías suficientes para las comunidades y autoridades locales.
Asesinato de periodista como prueba de riesgo
La solicitud menciona como uno de los hechos más graves el asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido recientemente en una zona con presencia de estructuras armadas ilegales. Según los demandantes, este crimen demostraría los riesgos que, aseguran, fueron advertidos desde 2022 frente a la entrega de territorios a grupos ilegales.
Declaraciones del abogado Pava
“Le pedimos hoy al Consejo de Estado que tome una determinación frente a las zonas de ubicación temporal. No puede haber territorios donde no sea la autoridad del Estado la que esté rigiendo”, afirmó el abogado Pava.
Fundamentos legales de la solicitud
En el documento, el jurista y la Fundación DILO Colombia recordaron la sentencia de la Corte Constitucional que condicionó la creación de zonas de ubicación a la existencia previa de una ley de sometimiento y a una etapa avanzada del proceso judicial correspondiente.
Presión territorial y falta de garantías
Para los demandantes, el silencio de las autoridades locales en regiones con presencia armada sería un indicio de presión territorial y falta de garantías institucionales para pronunciarse libremente.
