El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Trabajo, presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado tras la medida cautelar que suspendió provisionalmente el decreto que regula el traslado acelerado de recursos pensionales desde los fondos privados al régimen público.
Antecedentes de la medida cautelar
El Consejo de Estado, en su decisión de suspender temporalmente el decreto, señaló que aunque la ley permite que ciertos afiliados se trasladen de los fondos privados al régimen público, también establece que los recursos ahorrados deben permanecer en las administradoras hasta que el afiliado cumpla los requisitos para pensionarse. El decreto del Gobierno, en cambio, dispuso un traslado acelerado: el 50 % de los recursos en un plazo máximo de 20 días y el otro 50 % en los 10 días siguientes.
Argumentos del Gobierno
Mediante el recurso de súplica, el Gobierno argumentó que el decreto no crea nuevas reglas, sino que desarrolla la ley para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional. Según el documento presentado, la suspensión provisional genera un efecto jurídico y financiero nocivo, consistente en el descalce entre obligaciones y activos, con impacto directo sobre la sostenibilidad del sistema y el equilibrio actuarial del régimen público.
Impacto de la suspensión
El Gobierno advierte que la medida cautelar podría afectar la estabilidad financiera del sistema pensional, al impedir el flujo oportuno de recursos necesarios para cubrir las obligaciones del régimen público. Además, señala que el decreto busca precisamente evitar desequilibrios actuariales que pongan en riesgo las pensiones futuras.
El alto tribunal aún no se ha pronunciado de fondo sobre el decreto, pero mantiene la suspensión provisional mientras avanza el estudio del mismo. Se espera que en los próximos días el Consejo de Estado decida si levanta o mantiene la medida cautelar.
Este caso es de gran relevancia para los afiliados al sistema pensional, especialmente aquellos que han solicitado el traslado de sus recursos desde fondos privados al régimen público. La decisión del Consejo de Estado definirá el ritmo y la viabilidad de dichos traslados.
