Luego del anuncio de la demanda contra el decreto pensional por parte de Paloma Valencia, el ambiente político del país se tensó aún más por cuenta del presidente Gustavo Petro, quien respondió con duros señalamientos y destacó que solo están trabajando para garantizar que el ahorro de los colombianos se administre como se debe.
Oviedo fija posición con crítica directa
No obstante, en medio de ese cruce, la fórmula vicepresidencial de Valencia, Juan Daniel Oviedo, salió a fijar posición con una crítica directa al direccionamiento que se le está dando al sistema pensional y acotó que “se está manejando todo como una pirámide”. Esto se conoció por medio de sus redes sociales, en las que dejó claro que el Ejecutivo estaría abriendo un hueco para tapar otro.
Cabe señalar que dicho pronunciamiento no fue aislado, dado que llega en un momento en el que la discusión ya había escalado al plano jurídico, con una demanda radicada ante el Consejo de Estado que busca frenar el decreto, con lo cual, en el fondo, lo que se disputa es el control y destino de los ahorros pensionales, pero también la forma en que el Gobierno está respondiendo a las presiones que enfrenta el sistema.
El origen del choque: salario mínimo y presión en pensiones
Oviedo puso el foco en lo que, a su juicio, desencadenó el problema y afirmó que “el presidente decretó el salario mínimo, eso subió el costo de las pensiones, Colpensiones no lo tenía calculado, ahora falta plata”, trazando una línea directa entre una decisión económica y sus efectos sobre las finanzas del sistema público.
En su lectura, ese desbalance abrió un vacío que ahora se intenta cubrir con nuevas medidas, razón por la cual cuestiona que “¿la solución? Otro decreto. Para traer los ahorros de la gente, cubrir el hueco…”, dejando entrever que los recursos de los afiliados podrían estar siendo utilizados como una válvula de escape frente a un problema de caja.
La advertencia: liquidez en medio del calendario electoral
El economista fue más allá y vinculó esta dinámica con el momento político del país, señalando que lo que se buscaría con todo esto es tener caja a un mes de las elecciones”, elevando así el tono del debate al sugerir que las decisiones no solo responden a necesidades técnicas, sino también a un contexto electoral que exige liquidez en el corto plazo.
Fue en ese punto donde introdujo la analogía que marcó su intervención y afirmó que “esto es una pirámide”; rematando con una frase que no pasó desapercibida al decir que “hay gente que defiende pirámides. Otros, como el presidente, las arman”. Con ello, Oviedo no solo cuestionó la secuencia de decisiones, sino que señaló directamente al jefe de Estado como parte de esa lógica.
El Gobierno responde: propiedad del ahorro y defensa del modelo
Hay que recordar que desde la Casa de Nariño, la respuesta ha sido frontal y el mismo Petro ha insistido en que no existe apropiación indebida de recursos y defendió la base del decreto. “El ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más”, afirmó, en un intento por desmarcarse de las acusaciones y recalcar que los fondos siguen siendo propiedad de los trabajadores.
El mandatario también subrayó que el traslado es una decisión individual y acotó que “los trabajadores cotizantes de fondos privados de pensiones si se trasladan libremente a Colpensiones, son los propietarios de sus ahorros”, al tiempo que defendió el papel del Estado en el financiamiento del sistema con recursos que superan los $12 billones anuales.
Un debate que cruza lo técnico y lo político
Más allá de los argumentos económicos, el cruce ha derivado en una confrontación política abierta en la que Petro señaló a sectores financieros y a la oposición de intentar frenar los cambios en el sistema, mencionando a actores como Bancolombia y al empresario Luis Carlos Sarmiento como parte de los intereses que, según él, buscan mantener el modelo de fondos privados, sin aportar las pruebas necesarias.
En paralelo, la demanda advierte que el decreto permitiría mover cerca de $25 billones de ahorros de afiliados que aún no cumplen los requisitos para pensionarse, algo que, a su juicio, no fue contemplado por el Congreso. Ese punto será determinante en la decisión que adopte el Consejo de Estado en las próximas semanas.
Así, lo que comenzó como una discusión técnica sobre el alcance de un decreto terminó convertido en un pulso político, fiscal y jurídico. En el centro de todo, una pregunta que sigue sin resolverse: cómo garantizar la sostenibilidad del sistema sin comprometer la confianza de quienes hoy ven en su ahorro pensional una promesa de futuro.
