Presidente Petro arremete contra Contraloría por concepto sobre traslado masivo de recursos pensionales
El presidente Gustavo Petro ha dirigido fuertes críticas hacia la Contraloría General de la República después de que este organismo de control calificara como "inviable" el decreto mediante el cual el gobierno busca transferir aproximadamente 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia el sistema público de Colpensiones.
Acusaciones de complicidad y cuestionamientos institucionales
El mandatario no solo defendió la orden presidencial, sino que llegó a catalogar a la Contraloría de "ser cómplice de un robo". En declaraciones contundentes, Petro afirmó: "Si no devuelven los ahorros de los cotizantes de los fondos de pensiones que decidieron irse de ellos y pasarse a Colpensiones, simplemente están cometiendo un robo".
El presidente insistió en que "el dinero del ahorro no es de los bancos" y argumentó que el ente de control debería enfocarse en investigar las inversiones realizadas con estos recursos en lugar de oponerse a su traslado. "Que lo hayan invertido en cosas que la Contraloría debería investigar antes de volverse cómplice no es excusa para devolver el dinero que no les pertenece", señaló Petro en referencia a lo expresado por la entidad liderada por Carlos Hernán Rodríguez.
Cuestionamientos a la Corte Constitucional y advertencias sobre el sistema
El mandatario extendió sus críticas hacia la Corte Constitucional, cuestionando su falta de pronunciamiento de fondo sobre la reforma pensional y sugiriendo motivaciones políticas detrás de esta situación. "Están haciendo un corralito con los ahorros y la Corte Constitucional no se mueve con la reforma pensional temerosa de darle un triunfo electoral al gobierno", manifestó Petro.
Posteriormente, el presidente advirtió sobre lo que denominó "un corralito de ahorros y una fuga de capitales de los fondos privados al exterior", argumentando que se estaría buscando evitar la devolución de los dineros a sus legítimos propietarios: los trabajadores colombianos. Finalmente, llamó la atención sobre otros organismos de control: "La Superintendencia Financiera y la Contraloría sin investigar y en silencio o en complicidad".
La posición técnica de la Contraloría General
La Contraloría General de la República había emitido una alerta sobre los riesgos jurídicos y fiscales asociados al traslado masivo de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones. El organismo advirtió que esta medida podría carecer de sustento legal y comprometer la sostenibilidad del sistema pensionario colombiano.
El pronunciamiento se produjo durante el análisis de un borrador de decreto del Ministerio del Trabajo, que busca reglamentar el traslado de recursos de afiliados que aprovecharon la llamada "ventana de oportunidad" incluida en la reforma pensional. Según el artículo 76 de esta reforma, todo colombiano que esté a menos de 10 años de pensionarse, o en edad de pensión, puede cambiar de régimen si cumplía con ciertos requisitos de cotización con corte a junio de 2025.
Detalles técnicos y preocupaciones sobre la sostenibilidad
La Contraloría alertó que en este proceso están comprometidos aproximadamente 24,7 billones de pesos correspondientes a más de 119.000 afiliados que se trasladaron de régimen, la mayoría de los cuales aún no cumplen los requisitos para pensionarse. Sus ahorros, que actualmente están invertidos en el exterior por los fondos privados, podrían retornar al país mediante decreto presidencial.
Sin embargo, según el ente de control, el traslado anticipado de estos dineros podría contradecir la normativa vigente, que establece que los recursos de las cuentas individuales deben permanecer administrados por los fondos privados hasta que se consolide el derecho a la pensión. Solo alrededor de 18.500 personas que hicieron uso de ese traslado ya consolidaron su derecho pensional, mientras que el resto continúa en etapa de acumulación de ahorro.
El organismo también advirtió sobre el riesgo de que estos ahorros de largo plazo terminen utilizándose como "gasto corriente" para el pago inmediato de mesadas, lo que aumentaría significativamente el pasivo pensional del Estado y comprometería la estabilidad financiera del sistema de protección social colombiano.
