El presidente Gustavo Petro firmó la Directiva 04 del 19 de mayo de 2026, con la que ordena a varias entidades del Estado reforzar la vigilancia y coordinación sobre el sistema pensional en medio de la incertidumbre jurídica que rodea la reforma pensional y el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.
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La directiva está dirigida al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Superintendencia Financiera, Colpensiones, la Secretaría Jurídica de Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Llega en un momento clave: la Corte Constitucional todavía no define el futuro definitivo de la reforma pensional aprobada en 2024, mientras el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, con el que el Gobierno buscaba ordenar el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados a Colpensiones, correspondientes a más de 135 mil afiliados que se cambiaron de régimen.
Puntos centrales de la directiva
Uno de los puntos centrales de la directiva es la orden a la Superintendencia Financiera para que haga seguimiento especial a los efectos de la reforma. El documento señala que la entidad “adelantará las actuaciones de vigilancia y seguimiento que considere pertinentes respecto de los efectos administrativos, operativos y financieros derivados de la aplicación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024”.
Además, la directiva precisa que la Superintendencia podrá evaluar “la adecuada administración y trazabilidad de los recursos pensionales”, “la protección de los derechos e intereses de los afiliados” y “los posibles impactos sobre la estabilidad y continuidad del sistema pensional”.
Coordinación interinstitucional
También ordenan una coordinación interinstitucional entre Hacienda, Trabajo, la Superfinanciera y Colpensiones para garantizar la continuidad del servicio público de pensiones, proteger a los afiliados y mantener informada a la ciudadanía sobre los cambios y efectos de la reforma.
Aunque la directiva no habla expresamente de una intervención sobre los fondos privados, sí exige un control sobre el manejo de los recursos pensionales. Cabe mencionar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tampoco descartó esta medida.
