Un nuevo enfrentamiento político se ha desatado en Colombia en torno al sistema pensional. El presidente Gustavo Petro y la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia protagonizan un fuerte cruce de declaraciones por un decreto gubernamental que ordena el traslado de aproximadamente $25 billones desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
La demanda de Paloma Valencia
La senadora Valencia radicó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión urgente del decreto. Calificó la medida como un “robo descarado” y señaló que el Gobierno pretende “apropiarse” de los recursos de ahorradores que se trasladaron de régimen pensional pero aún no cumplen los requisitos para jubilarse. Según la congresista, la reforma pensional no contempló un traslado automático de estos dineros y advirtió que podrían ponerse en riesgo los ahorros de los ciudadanos.
La respuesta de Gustavo Petro
El presidente Petro defendió la medida y rechazó las afirmaciones de Valencia. Aseguró que el decreto “dice lo que es obvio en el mundo financiero”: que el ahorro pertenece a los cuentahabientes y no al Estado ni a terceros. Sostuvo que los trabajadores afiliados a fondos privados que deciden trasladarse a Colpensiones son los dueños de sus ahorros y tienen derecho a moverlos libremente hacia el régimen público. Negó que exista una apropiación indebida de recursos por parte del Gobierno.
Petro también afirmó que Colpensiones no entrega dinero al Ejecutivo y, por el contrario, aseguró que el Estado destina más de 12 billones de pesos anuales para financiar pensiones de personas que cotizaron en empresas privadas pero se jubilaron bajo ese régimen.
Críticas al sistema financiero
El jefe de Estado fue más allá al señalar que detrás de la demanda existirían intereses del sector financiero. Mencionó a grupos bancarios como Luis Carlos Sarmiento y entidades como Bancolombia, afirmando que serían actores interesados en mantener los recursos dentro de los fondos privados de pensiones. Según Petro, estos sectores buscarían evitar que los afiliados trasladen sus ahorros a Colpensiones, defendiendo un modelo que, en su criterio, no garantiza pensión para todos los cotizantes.
Asimismo, vinculó la controversia con otras discusiones estructurales impulsadas por su Gobierno, como la reforma laboral y la reforma a la salud, señalando que existen sectores que han intentado frenar estos cambios.
Reacciones de los fondos de pensiones
Los fondos privados de pensiones también reaccionaron ante el decreto que los obliga a trasladar $25 billones a Colpensiones. A través de comunicados, expresaron su preocupación por la medida y señalaron que podría afectar la sostenibilidad del sistema pensional. Sin embargo, el Gobierno insiste en que la medida es legal y busca garantizar los derechos de los afiliados.
El debate continúa mientras el Consejo de Estado evalúa la demanda presentada por Valencia. Se espera que en los próximos días se pronuncie sobre la suspensión provisional del decreto.
