Conflicto en Irán impacta precios de combustibles en Colombia
Los efectos del conflicto en Irán ya se reflejan directamente en la economía colombiana, con un incremento inmediato en los precios de los combustibles. El Gobierno del presidente Gustavo Petro tomó la decisión de aumentar el galón de gasolina en $400 y el galón de Acpm en $100, medida que entra en vigencia desde este mes de abril.
Disparo en precios internacionales del petróleo
Esta decisión gubernamental responde directamente al aumento sostenido en los precios internacionales del petróleo, cuyo valor ha superado la barrera de US$100 por barril durante las últimas semanas. La situación geopolítica en Medio Oriente ha generado una presión significativa sobre los mercados energéticos globales, obligando al Gobierno colombiano a suspender temporalmente su política de reducción gradual de precios de combustibles.
El objetivo principal de este ajuste es mitigar la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo que cubre la diferencia entre el precio internacional de los combustibles y el valor que se cobra en el mercado nacional colombiano.
Subsidio podría alcanzar $1,6 billones en abril
Según análisis de expertos del sector energético, incluso con este aumento, el Gobierno se queda corto frente a la realidad del mercado internacional. Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y gerente de Valjer Energy, explicó que persiste un margen significativo entre los precios internos y externos.
"El precio interno sigue estando cerca de $1.400 por galón por debajo del precio internacional y eso puede generar subsidios en el mes de abril del orden de $250.000 millones", señaló Vera. La situación es aún más crítica para el Acpm, donde la brecha alcanza aproximadamente $8.900 por galón por debajo del precio internacional.
El experto advirtió que, de mantenerse el conflicto en Medio Oriente durante abril, el subsidio total a los combustibles podría alcanzar la alarmante cifra de $1,6 billones, distribuidos entre gasolina y diésel.
Impacto en Santander y Bucaramanga
En el departamento de Santander, el sector empresarial había anticipado este ajuste. Farid Jhoany Jones Zárate, director ejecutivo de la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia (Febecol), comentó que "era un alza que se veía venir".
Los empresarios santandereanos expresaron su preocupación por una posible caída en los niveles de consumo de gasolina, los cuales habían mostrado una recuperación positiva gracias a las reducciones de precios implementadas en meses anteriores.
En Bucaramanga, específicamente, el galón de gasolina autorizado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para este mes se estableció en $15.649. Sin embargo, gracias al sistema de libertad vigilada que opera en el área metropolitana, los consumidores bumangueses probablemente encontrarán precios inferiores en las 54 estaciones de servicio de la ciudad.
Evolución de precios en la capital santandereana
Los datos del Sistema de Información de Combustibles (Sicom) revelan una tendencia interesante en Bucaramanga:
- Durante el último año, el precio promedio de venta se ha mantenido $608 por debajo del valor autorizado
- En octubre de 2025, la diferencia favorable para los consumidores fue de $713 por galón
- Durante febrero de este año, con las reducciones implementadas, la brecha se redujo a $358 por galón
Esta situación demuestra cómo, aunque los precios de venta se mantienen por debajo del máximo autorizado, gradualmente se acercan más al límite establecido por las autoridades regulatorias.
Perspectivas y advertencias del sector
Los expertos energéticos coinciden en señalar la importancia de que las decisiones futuras sobre precios de combustibles se tomen con criterios económicos y energéticos, más que con cálculos políticos. La volatilidad característica de los mercados energéticos internacionales requiere respuestas ágiles y fundamentadas en la realidad del sector.
La situación actual representa un desafío significativo para la política energética del Gobierno Petro, que debe balancear la protección al consumidor colombiano con la sostenibilidad fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
