El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno del presidente Gustavo Petro que aumentaba la retención en la fuente para empresas de los sectores minero y petrolero. La medida, que buscaba anticipar recursos tributarios para aliviar las finanzas públicas, fue frenada por falta de justificación y estudios técnicos adecuados.
Decisión del alto tribunal
La Sala Plena del Consejo de Estado determinó que el Gobierno no presentó una justificación ni estudios técnicos que respaldaran el incremento de las tarifas de retención y autorretención en la fuente. La suspensión afecta los artículos 2 a 8 del Decreto 572 de 2025.
Reacciones del sector empresarial
Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, señaló que el decreto ponía en riesgo la liquidez, sostenibilidad y operación de cientos de empresas productoras de carbón y coque, especialmente de pequeña y mediana minería. El gremio valoró que el Consejo de Estado reconociera la necesidad de sustentar técnicamente medidas que impactan profundamente al aparato productivo nacional.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que el decreto aumentaba sin fundamento la autorretención en la fuente, afectando las finanzas de la industria. Muchas empresas terminaron pagando más impuestos de los que correspondían a las tasas impositivas vigentes.
Fundamentos legales
El Consejo de Estado determinó que las tarifas establecidas, sumadas a otras retenciones aplicables al sector, excedían el límite legal del 4,5 por ciento fijado en el Estatuto Tributario. La decisión se produjo dentro de un expediente que agrupa múltiples radicados acumulados, todos relacionados con la demanda de nulidad contra el Decreto 572 de 2025.
Impacto en las empresas
El decreto había generado fuertes críticas desde distintos sectores económicos y jurídicos, que cuestionaban la legalidad de modificar, vía decreto, mecanismos relacionados con el recaudo tributario. La suspensión provisional no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del decreto, por lo que se espera que el Consejo de Estado se pronuncie nuevamente sobre la polémica medida que afectaría especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas.
