La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) arrastra una deuda superior a los 85.000 millones de dólares y una nómina de 44.000 empleados, cuando especialistas estiman que necesitaría cerca de 20.000 para operar con eficiencia. A pesar de estos desafíos, el gobierno venezolano busca que el petróleo vuelva a ser el motor de la economía, tras años de pérdida de capacidad, ingresos y credibilidad.
Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción actual ronda los 900.000 barriles diarios, una recuperación frente al mínimo de 500.000 barriles diarios registrado en 2020, pero aún lejos de los 3,2 millones de barriles diarios que producía el país a finales de los años 90. La infraestructura envejecida, las sanciones y las fallas operativas han marcado el declive.
En este contexto, el nuevo esquema de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos permite que compañías privadas vuelvan a operar en el sector energético venezolano. Además, la nueva ley de hidrocarburos, aprobada por la Asamblea Nacional, abre espacio para que el sector privado tenga control operativo y financiero, algo que antes estaba concentrado en el Estado.
Aunque las reglas aún no están del todo claras y varias decisiones quedan en manos del Ministerio, el mensaje hacia el mercado es que habrá condiciones más flexibles, con posibles ajustes fiscales y reducción de cargas para incentivar proyectos. El gobierno proyecta un crecimiento económico de entre 10% y 12%, impulsado por un aumento en la producción petrolera que podría superar el 20% y por ingresos hasta 70% por encima de los niveles de 2025.
El interés internacional comienza a manifestarse. El desmonte parcial de sanciones facilita el regreso de empresas como Shell y Repsol, mientras Chevron prepara un plan para duplicar su producción en el país. La meta hacia 2027 es alcanzar 1,5 millones de barriles diarios, un objetivo ambicioso que requerirá inversiones significativas y una reorganización profunda de Pdvsa.
