Acolgen solicita a la Corte Constitucional tumbar decreto de emergencia económica de Petro
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se suspenda provisionalmente y se declare la inexequibilidad total del Decreto 150 del 11 de febrero de 2026. Este decreto fue expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para declarar el estado de emergencia económica con el propósito de atender la grave ola invernal que afecta a ocho departamentos del territorio nacional.
Argumentos constitucionales presentados por el gremio energético
En el concepto jurídico presentado ante el alto tribunal, Acolgen argumentó que el decreto presenta vicios de motivación sustanciales y no cumple con el requisito constitucional de sobreveniencia. Este principio obliga al Estado a acudir a los estados de excepción únicamente cuando sus capacidades ordinarias se ven completamente desbordadas por situaciones extraordinarias.
El gremio enfatizó en su escrito que "el uso injustificado de los estados de excepción tiene un costo institucional que no puede ignorarse". Además, señaló que cada declaratoria que no supera los presupuestos constitucionales mínimos compromete recursos valiosos tanto del Gobierno como de la Corte Constitucional, recursos que deberían destinarse prioritariamente a la atención efectiva de la población afectada y a la protección de sus derechos fundamentales.
Vicio formal identificado: firma de ministra con encargo vencido
Uno de los aspectos más controvertidos señalados por Acolgen se refiere a un vicio de forma concreto en la expedición del decreto. La asociación identificó que el documento fue firmado por Irene Vélez Torres en su calidad de ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a pesar de que, según el gremio, su encargo había vencido legalmente el 5 de noviembre de 2025.
Esto significa que para el 11 de febrero de 2026, fecha de expedición del Decreto 150, habían transcurrido más de tres meses adicionales sin que existiera ningún acto administrativo que prorrogara o renovara su habilitación jurídica. "Por tal razón, para el 11 de febrero de 2026, la funcionaria carecía de habilitación jurídica vigente para actuar como Ministra de dicha cartera", argumentó Acolgen en su solicitud.
La Constitución Política colombiana establece de manera explícita que los decretos de estados de excepción deben contar con la firma de todos los ministros del gabinete, condición que según el gremio no se cumplió en este caso específico debido a la situación irregular de la ministra encargada.
Impacto económico y solicitud de trámite urgente
Acolgen, que fue gravado directamente con el paquete de impuestos establecido bajo el paraguas de este estado de excepción, también solicitó a la Corte Constitucional que otorgara trámite de urgencia al caso, fundamentando esta petición en la relevancia y el impacto significativo de las medidas adoptadas bajo el estado de excepción.
El gremio alegó que los efectos del decreto generan un daño irremediable en múltiples dimensiones:
- En materia de derechos humanos asociados a la prestación del servicio público de energía
- En aspectos regulatorios del sector energético nacional
- En consideraciones tributarias que afectan la operación del sector
Precedente constitucional y peticiones específicas
La solicitud de Acolgen evoca directamente el precedente establecido con la emergencia económica decretada en diciembre de 2025, que el Gobierno justificó inicialmente para cubrir el hueco fiscal agudizado por el hundimiento de la reforma tributaria. En esa oportunidad, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto por considerarlo prima facie inconstitucional.
En el estudio de fondo presentado, Acolgen pidió a la Corte declarar la inexequibilidad total del Decreto 150, al advertir que no cumple con los requisitos formales y materiales establecidos en el artículo 215 de la Constitución Nacional. Como alternativa jurídica, el gremio planteó que, si el decreto no se declara inexequible en su totalidad, al menos se declaren inexequibles algunos de sus apartes específicos, en concreto aquellos argumentos que lo sustentan y que, a juicio de la asociación, no guardan relación directa con los hechos que dieron origen a la emergencia declarada.
Respuesta contundente del presidente Petro
Tras conocerse la solicitud de Acolgen, el presidente Gustavo Petro reaccionó de manera contundente a través de sus canales oficiales, acusando al gremio de no importarle "un bledo la situación de los colombianos y colombianas en estado de emergencia".
En su intervención pública, el mandatario interpeló directamente a Acolgen con dos preguntas retóricas: "¿Si tumbaran el decreto de emergencia suscitado por el desastre de los niveles de lluvia, nunca alcanzados en la historia, en Urabá, Córdoba, Sucre y otras regiones, con qué dinero se va a financiar la salida del empobrecimiento generalizado en la población que vive allí?". Y agregó de inmediato: "¿Con el dinero de los impuestos de los pobres como han sugerido?".
El Jefe de Estado calificó la postura del sector energético como "el tamaño del egoísmo social que han desarrollado estos gremios del gran capital" y cerró su mensaje con una advertencia significativa: "¿No se dan cuenta que es así como desatan la violencia?".
Contexto regulatorio y consideraciones finales
Según la legislación colombiana vigente, un funcionario público puede quedar encargado de un ministerio por un período máximo de seis meses. El encargo específico de Vélez Torres, según los cálculos presentados por Acolgen, venció efectivamente el 5 de noviembre de 2025, lo que crea una situación jurídica compleja respecto a la validez de su firma en el decreto cuestionado.
El gremio energético enfatizó en su solicitud que la Constitución exige que los decretos de estados de excepción cuenten con la firma de todos los ministros, condición que consideran incumplida en este caso particular. Esta controversia se suma a un debate más amplio sobre el uso de los estados de excepción en Colombia y los límites constitucionales que deben respetarse incluso en situaciones de emergencia nacional.
