Superintendencia de Industria y Comercio investiga a Movistar por presuntos cobros no autorizados
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha iniciado una investigación administrativa formal contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, conocida comercialmente como Movistar, por presuntos cobros indebidos relacionados con equipos repetidores de señal WiFi, denominados "Baseport". Esta decisión regulatoria se materializó mediante la Resolución No. 21211 del 26 de marzo de 2026, tras recibir múltiples denuncias de clientes afectados.
Alcance de la investigación y posibles infracciones
Según la información proporcionada por la entidad de control, la investigación se centra en determinar si Movistar facturó estos equipos de amplificación de señal sin el consentimiento previo y expreso de los usuarios durante el período comprendido entre agosto de 2020 y mayo de 2024. Los cargos, descritos por los consumidores como "sorpresa", habrían vulnerado el derecho fundamental de libre elección del consumidor.
La SIC está examinando específicamente:
- La posible facturación no autorizada de equipos Baseport
- La falta de información clara sobre tarifas asociadas a estos dispositivos
- Un eventual incumplimiento del deber de brindar información suficiente y actualizada en los contratos de servicios
Consecuencias legales y proceso de defensa
De comprobarse las irregularidades denunciadas, la Superintendencia podría imponer multas significativas que alcanzarían hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales por cada infracción identificada. Aunque contra la formulación inicial de cargos no procede recurso alguno, la empresa investigada cuenta con un plazo de 15 días hábiles para ejercer su derecho de defensa y presentar los descargos correspondientes.
La investigación surge después de una etapa preliminar de averiguación donde la SIC analizó pruebas y documentación presentada tanto por los consumidores afectados como por la propia compañía de telecomunicaciones. Se estima que esta situación podría haber impactado a miles de usuarios en todo el territorio nacional, generando no solo cargos económicos no consentidos sino también una evidente afectación a la confianza en los servicios de telecomunicaciones.
