El auge imparable de las motos en Colombia: ¿progreso o problema?
El tráfico en las ciudades colombianas se ha convertido en uno de los mayores ladrones de tiempo, un recurso invaluable que nunca se recupera. Frente a esta realidad, cada vez más colombianos han encontrado en la moto una solución aparentemente perfecta: movilidad ágil, ahorro de tiempo y costo accesible. Las cifras confirman esta tendencia con un crecimiento exponencial que transforma el panorama del transporte nacional.
Un mercado en constante expansión
Las estadísticas revelan una historia de crecimiento sostenido. Desde las 518.666 matrículas de motos nuevas en 2020, el mercado superó todas las expectativas alcanzando 1'100.182 unidades en 2025, estableciendo un récord histórico sin precedentes. El primer trimestre de 2026 ya muestra un incremento del 35,87% respecto al mismo período del año anterior, con 118.410 unidades registradas.
Alejandro Rubio, director de Publimotos, explica que "la eficiencia en movilidad y el ahorro de tiempo son los factores decisivos" que impulsan esta tendencia. Pero no son los únicos: la moto se ha convertido en herramienta de trabajo esencial para independientes, informales y conductores de aplicaciones, mientras que muchas mujeres la ven como alternativa segura frente al transporte público.
El lado oscuro del crecimiento
La facilidad de compra esconde riesgos significativos. El mercado de motos usadas, especialmente en segmentos económicos, ha visto proliferar un mercado negro peligroso que aprovecha necesidades urgentes. Robo de unidades, regrabado de seriales y falsificación de documentos colocan en circulación motos con pasado oculto.
Rubio advierte: "Cuando hay dudas sobre la legalidad de una moto usada, lo mejor es llevarla a revisión de la Dijín para certificación, incluso si todo parece en regla". Al cierre de 2025, el RUNT registraba 13,5 millones de motos activas, sin contar aquellas que ya no funcionan.
Evolución de precios y seguridad
Analizando la AKT NKD, la moto más vendida del país, encontramos datos reveladores: mientras el salario mínimo aumentó 92,7% entre 2021 y 2026 (de 908.526 a 1'750.905 pesos), el precio de esta moto subió 44,8% (de 3'800.000 a 5'490.000 pesos). El pasaje de TransMilenio en Bogotá aumentó 42% en el mismo período.
En materia de seguridad, la Resolución 20223040062115 de 2022 del Ministerio de Transporte estableció la obligatoriedad de sistemas ABS y CBS según cilindrada, aunque su aplicación se postergó hasta octubre de 2026. Varias marcas ya han actualizado sus portafolios, pero la implementación completa sigue siendo un desafío.
El fenómeno de los vehículos eléctricos
La Ley 2486 de 2025 regula requisitos para bicicletas, patinetas y motos eléctricas, estableciendo cuándo necesitan matrícula, SOAT y licencia. Sin embargo, muchas personas optan por estos vehículos precisamente porque algunas versiones están exentas de estos requisitos, o porque es más fácil evadirlos ante controles laxos.
El resultado es una circulación descontrolada en ciclorrutas y vías, con cifras de accidentalidad como único indicador visible de su proliferación. La imposibilidad de cuantificar exactamente cuántos de estos vehículos circulan representa un problema adicional para las autoridades.
Responsabilidad versus necesidad
La facilidad de compra contrasta con los requisitos formales: cursos de conducción que pueden costar alrededor de un millón de pesos, más trámites adicionales. Esta disparidad ha llevado a muchas personas a saltarse procesos esenciales, como reveló un reporte de EL TIEMPO sobre 110 centros de enseñanza sancionados por reportar clases nunca impartidas.
La cultura del respeto vial muestra preocupante deterioro. Cuando manejar moto se aborda únicamente como necesidad económica o alternativa rápida para generar ingresos, se descuidan técnicas básicas de conducción, conocimiento de señales de tránsito, uso de elementos de protección certificados y responsabilidad hacia otros usuarios de la vía.
Por encima de cualquier razón para subirse a una moto, debe primar el equilibrio entre derechos y deberes. Colombia enfrenta el desafío de disfrutar los beneficios de un mercado en crecimiento mientras mitiga sus riesgos, promoviendo una cultura de conducción responsable que proteja vidas y mejore la convivencia en las vías.
