Comunidades indígenas desocupan predio de la SAE en Jamundí tras extenso diálogo con autoridades
Tras varias horas de intensas negociaciones, comunidades indígenas lograron desocupar un predio de 51 hectáreas que se encontraba bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ubicado en el corregimiento de Potrerito, zona rural del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. El procedimiento se desarrolló con la presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional, anteriormente conocida como Esmad, cuya intervención fue fundamental para garantizar la seguridad durante todo el proceso de desalojo.
Reclamos territoriales y acuerdos alcanzados
Las comunidades ancestrales manifestaron de manera reiterada la necesidad de que la SAE les entregara formalmente dicha propiedad, argumentando derechos históricos y territoriales sobre el terreno. La mediación conjunta de la Alcaldía de Jamundí y la Personería Municipal permitió establecer acuerdos entre todas las partes involucradas, logrando que los indígenas abandonaran voluntariamente el predio. Como resultado de estas conversaciones, se estableció que la SAE atenderá formalmente las peticiones de las comunidades el próximo miércoles 22 de abril del año 2026.
Carolina Obando, secretaria de Seguridad de Jamundí, explicó detalladamente el desarrollo de los acontecimientos: "Estamos en diálogo constante con esta comunidad y ellos han decidido apartarse de esta ocupación irregular. Actualmente están solicitando que sean atendidos por la SAE, lo cual quedó formalizado en un acta firmada y programada para el miércoles 22 de abril. Hasta este momento, todo ha transcurrido en completa tranquilidad".
Historia del predio y contexto de violencia regional
El terreno en disputa tiene una historia particularmente compleja, ya que perteneció anteriormente al narcotráfico, específicamente al capo conocido con el alias de Don Pacho. Sin embargo, desde el año 2013 ha estado bajo el control y administración de la SAE, entidad del Gobierno Nacional encargada de gestionar activos decomisados o abandonados.
Durante la ocupación ilegal que inició en la noche del jueves 16 de abril del presente año, se hizo presente una amplia representación institucional para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Delegados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) verificaron personalmente que se protegieran los derechos de niños, niñas y adolescentes que estuvieron presentes durante la toma del predio.
La secretaria Obando agregó información crucial sobre la respuesta institucional: "Inmediatamente se puso en conocimiento de la Policía Nacional para que se iniciaran las medidas preventivas correspondientes. Hoy se han presentado todas las autoridades y la institucionalidad competente en este corregimiento". Entre las entidades que hicieron presencia se encuentran la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Etnias, Personería Delegada, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y el ICBF, todas trabajando conjuntamente para salvaguardar los derechos de todos los involucrados.
Contexto de violencia en la zona rural de Jamundí
Es importante destacar que durante los últimos años, las zonas rurales de Jamundí, incluyendo específicamente el corregimiento de Potrerito, han estado marcadas por una violencia persistente. Esta situación se debe principalmente al accionar criminal del frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC, que ha mantenido una presencia significativa en la región.
De hecho, en las últimas horas se reportó un preocupante caso de secuestro en el corregimiento de Villa Paz, donde cuatro personas fueron raptadas por presuntos miembros del frente Jaime Martínez. Los individuos fueron llevados en una camioneta hacia un rumbo desconocido, lo que evidencia la compleja situación de seguridad que enfrentan los habitantes de esta zona del Valle del Cauca.
La intervención coordinada de las autoridades en el desalojo del predio de la SAE representa un esfuerzo significativo por mantener el orden y garantizar los derechos de las comunidades, mientras se buscan soluciones institucionales a los reclamos territoriales históricos. El seguimiento a los acuerdos alcanzados y la atención programada para el 22 de abril serán cruciales para determinar el futuro de este conflicto territorial en una región afectada por múltiples formas de violencia.
