La paradoja de las APP: crítica discursiva pero aplicación práctica en proyectos estratégicos
La reciente adjudicación del corredor vial El Estanquillo-Popayán representa un hito fundamental para el desarrollo del suroccidente colombiano. Este megaproyecto, que involucra una inversión cercana a los 8,8 billones de pesos, permitirá intervenir más de 270 kilómetros de vía en un corredor estratégico para la movilidad de carga y pasajeros entre los departamentos de Nariño y Cauca.
Lo más significativo es que este contrato quedó en manos de un consorcio internacional liderado por una firma británica y se estructuró bajo el esquema de asociación público-privada (APP). Este hecho adquiere especial relevancia cuando se analiza en el contexto de las declaraciones y políticas recientes del gobierno nacional.
Discurso versus realidad en la infraestructura nacional
A lo largo de la administración del presidente Gustavo Petro ha predominado una narrativa crítica frente al modelo de participación privada en el desarrollo de grandes obras de infraestructura. Desde distintos frentes del Ejecutivo han surgido reparos respecto a las concesiones, cuestionamientos a los compromisos fiscales asociados a los contratos de APP y llamados a un mayor protagonismo del Estado en la ejecución de proyectos estratégicos.
Sin embargo, una revisión detallada de las decisiones concretas adoptadas durante los últimos años revela una contradicción evidente: los únicos cuatro proyectos de infraestructura que esta administración ha adjudicado recurrieron precisamente a esquemas de participación privada.
Además del corredor El Estanquillo-Popayán, esta lista incluye el corredor férreo entre La Dorada y Chiriguaná, la restauración del canal del Dique (licitada en el gobierno anterior de Iván Duque) y la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, como iniciativa privada para optimizar la capacidad operativa de una terminal aérea que ha registrado uno de los mayores crecimientos de tráfico en el país.
La realidad fiscal impone pragmatismo
Según información del Ministerio de Hacienda, tras el decreto de recorte y la definición de vigencias futuras para 2025, proyectos estratégicos como Mulaló-Loboguerrero y la recuperación del canal del Dique no recibieron nuevas asignaciones presupuestales. En el caso específico del canal del Dique, apenas se mantuvieron 74.120 millones de pesos, únicos recursos que escaparon al ajuste fiscal implementado por el gobierno.
Este panorama confirma una realidad ampliamente conocida en el sector de infraestructura: la magnitud de las inversiones requeridas frecuentemente supera la capacidad del presupuesto público nacional. En este contexto, la participación privada deja de representar un debate doctrinario o ideológico y se convierte en un instrumento práctico indispensable para materializar proyectos de gran escala que el Estado no puede financiar por sí solo.
Estabilidad institucional atrae capital internacional
El hecho de que un consorcio internacional encabece el proyecto de El Estanquillo-Popayán tampoco resulta menor. Durante las últimas décadas, Colombia ha construido un marco institucional que, con avances graduales pero consistentes, ha ofrecido reglas de juego estables para la inversión en infraestructura.
Esa estabilidad normativa y contractual permitió atraer capital internacional, estructurar proyectos complejos y consolidar una reputación que todavía genera confianza en los mercados globales. Sobre esa base institucional han avanzado muchas de las grandes obras que hoy conectan al país.
La contratación de la vía El Estanquillo-Popayán no solo representa un avance crucial para la integración del suroccidente colombiano, sino que también deja una lección de pragmatismo en la gestión pública: cuando llega el momento de acometer obras estratégicas para el desarrollo nacional, la realidad concreta de la infraestructura suele imponerse sobre las narrativas políticas o ideológicas.
Esta paradoja entre el discurso crítico hacia las APP y su aplicación práctica en los proyectos más importantes del gobierno actual plantea reflexiones profundas sobre la coherencia en la formulación e implementación de políticas públicas de infraestructura, un sector vital para la competitividad y el desarrollo regional de Colombia.
