Multa millonaria golpea megaproyecto portuario en tierras de víctimas del conflicto
El megaproyecto portuario Puerto Pisisí, que se construye en la bahía de Turbo, en el golfo de Urabá antioqueño, enfrenta una multa administrativa de 14.286 millones de pesos impuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mientras simultáneamente sus inversionistas son investigados por la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos contra víctimas del conflicto armado.
Doble frente de problemas para los inversionistas
Los socios Teófilo Lemus y José María Pernas, este último de nacionalidad española, no solo deben responder ante la justicia por las denuncias de familias desplazadas, sino que ahora enfrentan sanciones económicas significativas por parte de la entidad estatal encargada de la infraestructura.
La coordinadora de procedimientos administrativos sancionatorios contractuales de la ANI, Carol Melissa Chinchilla, determinó en primera instancia la imposición de la millonaria multa por "falencias en la presentación de las garantías de cumplimiento de contrato", requisito fundamental para la ejecución del acuerdo público.
Incumplimiento de garantías contractuales
Según el expediente de la ANI, los principales señalamientos contra la sociedad portuaria incluyen:
- No entrega de la garantía única de cumplimiento del contrato
- Falta de presentación de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales
- Ausencia de póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual
La sociedad portuaria argumentó que diversas situaciones le han impedido cumplir totalmente con estas obligaciones, incluyendo problemas con uno de sus socios, "Equinosplane", que posee el 30% de participación y contra quien ya iniciaron acciones legales.
Denuncias de víctimas del conflicto armado
Paralelamente a los problemas administrativos, la Fiscalía investiga a los inversionistas por los presuntos delitos de estafa agravada y abuso de confianza en perjuicio de familias víctimas del conflicto en Urabá.
Según las denuncias, las víctimas desistieron de un proceso de restitución de tierras sobre los terrenos donde se construye el puerto, a cambio de compromisos de compensación que, casi cinco años después, no se habrían cumplido.
Acuerdos incumplidos con las víctimas
El memorando de entendimiento firmado en abril de 2021 establecía compromisos específicos que según las víctimas no se han materializado:
- Compra de un predio de 30 hectáreas a las víctimas denunciantes
- Construcción o compra de un bien inmueble para cada uno de los seis reclamantes
- Indemnización para implementación de proyectos productivos
- Creación de una empresa asociativa de propiedad de las víctimas
Las víctimas señalan que, una vez obtenida la concesión portuaria en enero de 2023, los inversionistas "cesaron toda comunicación y pago", dejándolas sin tierras y sin posibilidad real de reclamar judicialmente.
Recurso de reposición y defensa de los inversionistas
Los representantes de Puerto Pisisí explicaron que la decisión de la ANI no se encuentra en firme, ya que interpusieron recurso de reposición argumentando que la sanción se fundamenta en una exigencia de garantías con efectos retroactivos, situación que consideran contraria a la normativa vigente.
"La sanción se fundamenta en una exigencia de garantías contractuales con efectos retroactivos, situación que no resulta jurídica ni contractualmente exigible", explicaron los representantes del proyecto portuario.
Impacto en el desarrollo del megaproyecto
La ANI señaló que la dilación en el cumplimiento de las garantías es palpable, razón por la cual no ha sido posible suscribir el acta de inicio en los términos iniciales del megaproyecto. La Agencia aseguró que, mientras no se materialice la expedición de las garantías requeridas, la sociedad portuaria de Pisisí continuará en situación de incumplimiento.
Este caso evidencia los complejos desafíos que enfrentan los proyectos de infraestructura en territorios afectados por el conflicto armado, donde los derechos de las víctimas y los requisitos administrativos se entrelazan creando escenarios jurídicos y sociales de alta complejidad.
