Actualización del SARLAFT en transporte conlleva sanciones millonarias
Las empresas del sector transporte en Colombia deben implementar urgentemente la actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), o enfrentarán consecuencias económicas y operativas devastadoras. La Superintendencia de Transporte ha elevado significativamente los estándares de cumplimiento para compañías de carga, pasajeros, transporte especial, concesionarios e infraestructura.
Sanciones económicas y operativas severas
El régimen sancionatorio contempla multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según el artículo 46 de la Ley 336 de 1996. En el escenario más grave, estas sanciones pueden superar los $2.600 millones de pesos, aunque la cuantía final se determina caso por caso considerando factores como reincidencia, impacto de la infracción y capacidad económica del infractor.
Las consecuencias van más allá de lo económico: el incumplimiento puede derivar en suspensión de actividades, cancelación de habilitaciones y restricciones para contratar con el Estado. Además, las investigaciones administrativas afectan directamente la reputación corporativa y la capacidad de acceso a financiamiento, impactos que pueden ser más profundos que cualquier multa económica para un sector estratégico y altamente transaccional como el transporte.
Cambios sustanciales en la gestión de riesgos
La actualización regulatoria introduce transformaciones fundamentales en cómo las empresas deben gestionar estos riesgos:
- Las matrices de riesgo ya no pueden ser documentos genéricos, deben basarse en datos reales y actualizarse periódicamente
- La debida diligencia sobre clientes, proveedores y aliados estratégicos debe ser más profunda
- El monitoreo tiene que ser permanente y trazable
- No basta con tener políticas escritas; hay que demostrar que los controles funcionan
Uno de los cambios más importantes es la integración del SARLAFT con los programas de transparencia y ética empresarial. El riesgo de lavado de activos ya no se analiza de forma aislada, sino que está articulado con los riesgos de corrupción y soborno. Además, la alta dirección y los órganos de gobierno corporativo asumen responsabilidad directa en el respaldo y funcionamiento del sistema.
Advertencias desde el sector especializado
Manuel del Corral, vicepresidente de Cadena, compañía especializada en confianza digital y cumplimiento normativo, enfatiza que "el regulador ahora exige evidencia técnica y jurídica de que los controles funcionan". La trazabilidad digital y la validez probatoria de los procesos electrónicos se vuelven determinantes para mitigar el riesgo sancionatorio.
Desde Cadena identifican el error más frecuente: "El error más común es creer que el SARLAFT se resuelve con un documento. Hoy se trata de demostrar monitoreo, auditoría y capacidad de respuesta". Muchas compañías aún están en proceso de ajuste y podrían estar subestimando la dimensión real del problema, advierte la firma especializada.
¿Qué es el SARLAFT y cómo funciona?
El SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, cuyo propósito es evitar que las entidades sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito o para canalizar fondos hacia actividades terroristas. Opera en cuatro etapas fundamentales:
- Identificar riesgos
- Medir riesgos
- Controlar riesgos
- Monitorear riesgos de forma permanente
No existe un SARLAFT único ni estandarizado. Cada entidad debe construir, desarrollar y perfeccionar el suyo propio, adaptado a su tamaño, actividad y perfil de riesgo. La norma establece un estándar mínimo y mejores prácticas de cumplimiento obligatorio, pero su desarrollo es responsabilidad específica de cada empresa.
Internamente, el sistema se materializa en políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica y capacitación continua. Se asignan áreas responsables, se crean comités especializados y aplicativos tecnológicos, requiriendo presupuesto y recurso humano dedicado para su implementación efectiva.
El marco legal en Colombia está contenido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, articulándose con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Estatuto Anticorrupción y la Ley Contra la Financiación del Terrorismo. En el sector transporte específicamente, la Superintendencia de Transporte ha adaptado estos lineamientos a las particularidades del sector, elevando las exigencias de cumplimiento para todas las empresas vigiladas bajo su jurisdicción.
