Actualización catastral del Gobierno Petro genera protestas por alza en impuesto predial
La ambiciosa actualización catastral que está implementando el gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado un creciente descontento ciudadano en diversas regiones del país, donde los propietarios de predios enfrentan incrementos significativos en el pago del impuesto predial.
La meta del Plan Nacional de Desarrollo
El gobierno se propuso en su Plan Nacional de Desarrollo aumentar la actualización catastral del país desde un modesto 9 por ciento hasta alcanzar un ambicioso 70 por ciento con enfoque multipropósito para el año 2026. Esta meta implica actualizar de manera integral -física, jurídica y económica- un total de 80 millones de hectáreas distribuidas en 660 municipios colombianos.
Por primera vez en la historia, el proceso incluye predios ubicados en regiones apartadas y tradicionalmente excluidas como Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Chocó, buscando reducir las profundas inequidades territoriales que han caracterizado al sistema catastral colombiano.
El rezago catastral y sus consecuencias
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), el rezago catastral representa la diferencia acumulada entre el avalúo catastral oficial de los predios y su valor comercial real, una brecha que se ha ampliado durante años debido a la falta de actualizaciones periódicas.
"Este desfase genera inequidades significativas en el cobro del impuesto predial y conduce a decisiones territoriales basadas en información incompleta o desactualizada", explicó la entidad, destacando la importancia del proceso de modernización.
Avances y cifras del proceso
Hasta el momento, el Igac reporta la actualización de 44 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente el 39 por ciento del territorio nacional. De los predios intervenidos, el 92,7 por ciento corresponde a uso agropecuario y habitacional, mientras que solamente el 7,3 por ciento tiene destinos diferentes.
Para acelerar el proceso, el gobierno implementó una medida excepcional establecida por ley que permite realizar ajustes automáticos de los avalúos catastrales, mecanismo que ha sido fundamental para avanzar en la ambiciosa meta gubernamental.
Responsabilidades institucionales claras
Gustavo Marulanda, director del Igac, fue enfático al aclarar las competencias institucionales: "Como gestores catastrales, determinamos el avalúo, pero no liquidamos ni cobramos ni recaudamos el predial. Tampoco definimos tarifas ni beneficios tributarios".
El funcionario explicó que son las alcaldías municipales las encargadas de calcular el impuesto final, recaudarlo y aplicar los límites legales establecidos, basándose en las tarifas definidas por cada Concejo municipal y el Estatuto Tributario correspondiente.
Límites legales a los incrementos
La normativa establece protecciones importantes para los contribuyentes. En la mayoría de los predios intervenidos, el incremento del impuesto predial no puede superar el 50 por ciento del valor pagado el año anterior.
"Si un predio pagó 50.000 pesos en el 2025, este año no podrá cancelar más de 75.000 pesos", ilustró Marulanda, destacando los mecanismos de contención implementados.
Casos especiales y protecciones adicionales
La legislación contempla situaciones particulares con tratamientos diferenciados:
- Para viviendas de estratos 1 y 2 con avalúo de hasta 135 salarios mínimos, el incremento máximo debe equivaler a la inflación del período.
- En predios rurales iguales o mayores a 100 hectáreas, el aumento puede llegar hasta el doble del valor liquidado el año anterior, conforme a la Ley 44 de 1990.
Estas disposiciones buscan equilibrar la necesaria actualización catastral con consideraciones de equidad y protección a los sectores más vulnerables de la población.
Protestas ciudadanas y desafíos pendientes
A pesar de las explicaciones institucionales y los límites legales establecidos, ciudadanos en varios departamentos han manifestado su descontento a través de protestas, argumentando que los aumentos en el impuesto predial afectan su capacidad económica y representan una carga adicional en un contexto de dificultades financieras.
El proceso de actualización catastral continúa avanzando mientras el gobierno busca conciliar la modernización del sistema con las legítimas preocupaciones de los contribuyentes, en un equilibrio complejo entre eficiencia administrativa y responsabilidad social.
