Turbaco se prepara para nueva jornada de protestas contra el peaje
La Troncal de Occidente, la arteria vital que conecta al Caribe colombiano con el centro del país, será nuevamente escenario de tensión social este sábado 18 de abril. A partir de las 8:00 a.m., el Comité 'No Más Peajes' retomará las movilizaciones en el municipio de Turbaco, Bolívar, exigiendo al Gobierno Nacional el desmonte definitivo de las casetas de peaje que consideran obsoletas y perjudiciales para el desarrollo regional.
La chispa que encendió las protestas
La respuesta del Instituto Nacional de Vías (Invías) ha sido determinante para esta nueva convocatoria. La entidad estatal manifestó que, aunque se encuentra en proceso de recepción de la vía, aún no existe certeza sobre el futuro de la estación de peaje de Turbaco ni de las otras cinco casetas en la región Caribe. Según el Invías, el plan de acción sigue sin definirse, lo que ha generado descontento entre los líderes comunitarios.
Las demandas del comité antipeajes son claras y contundentes:
- Exigen el desmonte inmediato del peaje de Turbaco argumentando que no se ha invertido en un solo metro de vía nueva en el municipio
- Denuncian que no existe actualmente un contrato de concesión vigente ni obras que justifiquen el cobro
- Sostienen que el peaje representa una barrera para la inversión y un factor de división en una zona de alto desarrollo urbanístico
- Afirman que la estación no cuenta con autorización del Concejo Territorial de Planeación
- Señalan que aumenta los fletes encareciendo la canasta familiar
- Exigen la devolución de la vía y de los excedentes recaudados
La demanda millonaria de la concesionaria
El trasfondo legal de esta situación es complejo. A finales de 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Autopistas del Caribe acordaron la terminación anticipada del contrato. La razón principal fue una demanda de la concesionaria por $1,2 billones debido a la imposibilidad de operar por las constantes protestas sociales.
El Estado logró transar esta deuda ahorrando aproximadamente un 63% del monto total, y en enero de 2026 inició la etapa de reversión del corredor. Actualmente, la vía se encuentra en una fase técnica de evaluación que deberá finalizar en julio de este año. Solo entonces, según el Invías, habrá claridad sobre el futuro de los peajes.
La propuesta técnica de la comunidad
Los manifestantes no buscan la eliminación total de los recaudos, sino una reestructuración lógica orientada exclusivamente al mantenimiento. La propuesta del Comité 'No Más Peajes' es drástica pero fundamentada:
- Permanencia de solo dos estaciones de peaje en toda la región
- Una estación en Bolívar (posiblemente en Gambote) y otra en el Atlántico
- Que el cobro tenga como único fin garantizar la capa asfáltica y la seguridad vial del corredor
Los voceros del comité argumentan que, con un recaudo anual que oscila entre los $600 y $800 mil millones, las tarifas podrían reducirse en un 80% o limitarse únicamente a estas dos estaciones para el mantenimiento, haciendo innecesarios los demás peajes.
Clima de incertidumbre y suspensión parcial
El caso de Turbaco presenta particularidades sensibles. Actualmente existe una suspensión del cobro para las categorías I y II, que incluyen automóviles y buses pequeños. Esta medida se logró tras meses de resistencia civil organizada.
Sin embargo, el transporte de carga y vehículos pesados siguen tributando en la caseta, lo que genera un clima de incertidumbre sobre lo que ocurrirá cuando el Invías asuma el control total en julio. La gran pregunta que flota en el ambiente es si se restablecerá el cobro para todos los vehículos o si, por el contrario, se eliminará la estación por completo.
El costo social de la protesta
La parálisis de la concesión y su reversión anticipada representan el resultado de un choque entre la planeación nacional y la realidad territorial. Mientras el Gobierno busca asegurar recursos para el mantenimiento de una vía de alta especificación, la ciudadanía reclama que el modelo de peajes en la región ya alcanzó su punto de equilibrio y se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo local.
Los manifestantes rechazan lo que consideran una estrategia dilatoria de la ANI e Invías para ganar tiempo, y llaman a la unión ciudadana para defender el territorio contra un cobro que califican como injusto e impuesto de manera arbitraria.
A partir de este sábado, La Troncal de Occidente volverá a ser el escenario donde se mida el pulso entre la técnica institucional y la urgencia comunitaria. El Estado deberá presentar antes de julio un plan que desactive lo que los líderes sociales describen como una bomba de tiempo social que lleva años activa en el Caribe colombiano.



