Crisis institucional en Bucaramanga: Contraloría Municipal bajo fuego cruzado
La relación entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Contraloría Municipal atraviesa su momento más crítico en años recientes. Mientras el órgano de control fiscal preparaba decisiones fundamentales sobre procesos de infraestructura, diversos sectores políticos cuestionan la tecnicidad de sus medidas, generando un clima de tensión institucional sin precedentes en la capital santandereana.
Decisiones técnicas o maniobras políticas
La gestión de la Contraloría de Bucaramanga se encuentra en un periodo de intensa exposición pública. La entidad no solo enfrenta una compleja situación financiera que ha afectado a sus funcionarios, sino también el escrutinio de diferentes actores que califican sus recientes actuaciones como presuntas maniobras políticas con poca base técnica. Por otro lado, defensores de la institución aseguran que se trata de decisiones técnicas que deben seguir el debido proceso establecido por la ley.
Vanguardia conoció que el órgano de control fiscal tenía preparada, para esta misma semana, una suspensión en contra de la saliente secretaria de Infraestructura local, María del Rosario Torres. A la funcionaria se le iba a aplicar el recurso extraordinario de 'buena fe sabida' y 'verdad absoluta', una medida de carácter excepcional en el ámbito del control fiscal colombiano.
Dos procesos emblemáticos
Esta decisión respondía a dos procesos específicos en su contra:
- La no ejecución de un millonario empréstito por $80 mil millones destinado a modificar tres colegios de la ciudad
- La pérdida de chatarra que, según informes auditoros, estaría valorada en más de $46.000 millones en luminarias y materiales inservibles del municipio
Al interior de la Alcaldía de Bucaramanga han calificado esta medida, que no alcanzó a aplicarse debido a la salida anticipada de Torres, como una presunta estrategia política diseñada para afectar reputacionalmente la administración del alcalde Cristian Fernando Portilla Pérez.
Concejo dividido y versiones encontradas
Desde el Concejo Municipal emergen versiones completamente encontradas sobre la situación. Algunos corporados consideran que se trata de retaliación política contra la actual administración municipal, mientras que otros sostienen que son funciones normales de la Contraloría en medio de delicados procesos fiscales que requieren atención inmediata.
"Lo que estaba preparando la Contraloría era secreto, pero se conocía a voces en la Alcaldía y el Concejo", afirmó un concejal que hace parte de la coalición de gobierno pero que pidió mantener su nombre bajo reserva. "Era justamente para evitar que interfiriera María del Rosario Torres en los procesos. Ahora dicen que obedece a un tinte político, pero ella pudo quedarse en el cargo, impugnar, decir públicamente que era un ataque político y no renunciar como lo hizo".
Crisis financiera y funcionarios afectados
En este escenario complejo, es fundamental recordar que la Contraloría Municipal ha sido víctima de decisiones administrativas que perjudicaron severamente sus finanzas. La situación llegó al extremo de obligar a sus funcionarios a esperar meses por el pago de sus sueldos, modificar escalas salariales establecidas e incluso recortar la planta de personal para intentar lograr la autosostenibilidad financiera.
La crisis alcanzó su punto más álgido cuando más de 40 funcionarios sufrieron retrasos de al menos tres meses en el pago de primas y salarios, acumulando una deuda que en su momento superó los $1.800 millones. Los problemas financieros en el órgano de control fiscal no son nuevos: se registran desde 2014, cuando el Concejo autorizó incrementos de personal sin contar con el flujo de caja suficiente para sostenerlos.
Contraloría sin jefe titular
La institución inició el año 2024 sin jefe en propiedad, una situación que ya completa cuatro meses. La razón principal radica en que gran parte de los concejales fueron recusados durante el proceso de convocatoria pública, mereciendo la suspensión temporal de la competencia que actualmente está a cargo de la Universidad de Pamplona.
A 13 concejales se les aplicó este recurso argumentando que tenían algún tipo de cercanía con los puntajes más altos en las pruebas de conocimientos, hecho que podría representarles conflictos de interés, aunque estas recusaciones fueron posteriormente rechazadas por la Procuraduría General de la Nación.
Proceso de selección en marcha
Esta semana está previsto que la Universidad de Pamplona, encargada de valorar hojas de vida, experiencia y evaluar conocimientos de los candidatos, entregue la terna de la cual el Concejo de Bucaramanga elegirá el próximo jefe del órgano de control fiscal. El seleccionado dirigirá la Contraloría durante los próximos cuatro años en una ciudad que requiere estabilidad institucional.
Entre los nombres que destacan en la puja se encuentran:
- La excontralora de Medellín, Elsa Yazmín González, cercana al senador conservador Carlos Trujillo
- Pablo Andrés Garzón Vásquez, quien en 2020 intentó ser contralor de Santander
- Jairo Edwin Garzón Téllez, quien también obtuvo destacada calificación
Análisis experto y perspectivas
El abogado y analista Gerardo Martínez ofrece una perspectiva crítica sobre la situación: "Las contralorías se han tecnificado más, antes era muy empírico todo el proceso de responsabilidad fiscal. El nivel profesional era menor. Siempre les han faltado dientes para poder actuar. El problema es que son los alcaldes y los gobernadores quienes interfieren y hacen elegir un contralor de bolsillo".
Esta afirmación resuena especialmente en Bucaramanga, donde la elección del contralor se ha visto entrampada en controversias políticas y procedimentales que afectan la independencia y eficacia del órgano de control.
Procesos abiertos y responsabilidades
El subcontralor de Bucaramanga, Carlos Saúl Sierra, ha abierto proceso de responsabilidad fiscal contra múltiples exfuncionarios en el escándalo de la chatarra desaparecida. La lista incluye al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, los exsecretarios de Infraestructura Jorge Alejandro García Henao e Iván José Vargas Cárdenas, la saliente jefe de esa cartera María del Rosario Torres, y los asesores Robin Albeiro Castro y John Fernando Larrota.
Este caso avanza paralelamente en la Fiscalía General de la Nación, demostrando la gravedad de las investigaciones. Además, contra María del Rosario Torres permanece abierto otro caso por el empréstito de $80.000 millones solicitado originalmente por el exalcalde Juan Carlos Cárdenas Rey para remodelar tres colegios, recursos que no se ejecutaron pero que generaron millonarios intereses a cargo de la administración municipal.
Reestructuración y futuro incierto
Un fallo de acción popular, que protege el derecho colectivo a la moralidad pública, ordenó a la misma Contraloría "ajustarse" al gasto y aplicar un rediseño organizacional. Este plan debía ser aprobado mediante proyecto de acuerdo en el Concejo, lo que finalmente se logró el año pasado después de varios intentos fallidos.
En febrero pasado, con el aval de la Contraloría General y la Auditoría General de la República, la Alcaldía de Bucaramanga giró $2.500 millones para resolver la situación financiera más urgente. Sin embargo, la crisis institucional y la tensión política persisten, dejando en evidencia las profundas fracturas en el sistema de control fiscal local y las dificultades para garantizar transparencia en la gestión pública bumanguesa.
