La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió varias órdenes contra la constructora Amarilo S.A.S. para proteger a los propietarios del Conjunto Residencial Alborada Hacienda Rosa Blanca PH, ubicado en Villavicencio (Meta). La decisión se tomó después de identificar posibles fallas constructivas que, según la autoridad, requieren una revisión técnica inmediata.
Origen de la investigación
La actuación inició a partir de una denuncia que alertaba sobre presuntos daños estructurales y deterioros en diversos elementos del proyecto. Aunque la actuación no define responsabilidades de fondo, obliga a la constructora a evaluar el estado del conjunto y adoptar acciones preventivas. La SIC recopiló información documental, solicitó datos técnicos a Amarilo, revisó planos arquitectónicos y memorias de cálculo, analizó un informe de los denunciantes y realizó una visita de inspección al conjunto residencial.
Durante la inspección, la SIC tomó registros fotográficos y escuchó a representantes de la copropiedad, propietarios e integrantes de la interventoría del proyecto. Con ese material, concluyó que existen situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, especialmente en lo relacionado con la seguridad de las viviendas entregadas.
Riesgos identificados
Según la entidad, las condiciones identificadas podrían traducirse en riesgos para la salud y la integridad de los residentes, así como de las personas que transitan por el conjunto residencial. Por esa razón, la Superintendencia ordenó a Amarilo realizar una evaluación técnica y patológica integral para establecer el estado actual de las edificaciones. Ese estudio servirá de base para definir el alcance de las intervenciones necesarias.
Órdenes específicas
La constructora también deberá elaborar un plan de trabajo con un cronograma detallado de las reparaciones, los tiempos estimados para ejecutarlas y la identificación de cuáles serán asumidas directamente por la empresa, junto con la justificación correspondiente. Otra de las órdenes consiste en implementar de inmediato todas las medidas de prevención necesarias para reducir cualquier riesgo inminente, incluyendo señalización, aislamiento y protección de las zonas peligrosas.
Además, Amarilo deberá entregar a la SIC los resultados de la evaluación técnica, el plan de trabajo y las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos presentados por la administración de la copropiedad desde 2024. La autoridad también ordenó remitir a la administración del conjunto los informes y resultados de las visitas técnicas realizadas desde enero de 2025, así como las pólizas vigentes de estabilidad de la obra y la información relacionada con las acciones correctivas.
Plazos y consecuencias
La empresa dispondrá de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la orden administrativa, para iniciar el cumplimiento de las obligaciones impuestas dentro de los plazos definidos por la Superintendencia. La SIC recordó que contra esta orden no procede recurso alguno, según el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
También advirtió que Amarilo deberá acreditar el cumplimiento de cada medida ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. En caso de incumplimiento, la compañía podría enfrentar las sanciones previstas en la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor. La actuación de la Superintendencia tiene un alcance preventivo, con el objetivo de verificar que las presuntas fallas sean evaluadas técnicamente y que se adopten medidas correctivas para proteger a los propietarios mientras continúan las actuaciones correspondientes.
