Primeras entregas de viviendas tras los sismos
El Gobierno de Venezuela ha comenzado a anunciar los primeros avances del plan de vivienda para atender a las miles de familias que perdieron sus hogares tras los terremotos del 24 de junio. Las autoridades pusieron en marcha un censo biométrico para determinar el número definitivo de viviendas requeridas y aseguraron que las primeras 200 casas serán entregadas la próxima semana, mientras continúa la evaluación de los daños en las zonas más afectadas por la emergencia.
Los sismos dejaron, según el balance oficial, al menos 4.333 personas fallecidas y 16.740 heridas. A ello se suma el impacto sobre la infraestructura habitacional. Hasta ahora, cerca de 18.000 personas perdieron sus viviendas, aunque el Ejecutivo considera que esa cifra podría aumentar conforme avance la inspección técnica de edificaciones que permanecen en pie, pero presentan afectaciones estructurales.
Censo biométrico para dimensionar la reconstrucción
Como parte de la estrategia de atención, este sábado comenzó un censo biométrico en los campamentos temporales instalados en Caracas y en los estados Miranda y La Guaira, este último identificado como el territorio con mayores afectaciones. El registro también incluye a personas que permanecen en sectores donde las autoridades todavía realizan inspecciones para establecer si las viviendas pueden seguir siendo habitadas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó durante una rueda de prensa que la información recopilada permitirá establecer con mayor precisión el número de soluciones habitacionales necesarias para atender la emergencia. De acuerdo con las estimaciones iniciales presentadas por el funcionario, el país requerirá alrededor de 25.000 viviendas para responder a las necesidades de las familias damnificadas. En ese contexto, aseguró que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas durante la próxima semana, aunque no ofreció detalles sobre las ubicaciones, características de las construcciones ni los criterios de asignación.
Las autoridades también señalaron que el proceso de inspección de inmuebles continúa en distintas localidades, debido a que muchas edificaciones no colapsaron durante los movimientos telúricos, pero podrían presentar daños que comprometan su estabilidad.
Escuelas, alquileres y viviendas temporales
Rodríguez indicó que 90 de los 94 campamentos habilitados para recibir a los damnificados funcionan actualmente en instituciones educativas que permanecen sin clases. Sin embargo, explicó que esos espacios deberán ser desalojados antes de septiembre para permitir el inicio del nuevo calendario académico. Ante ese escenario, el Gobierno anunció que trabaja "aceleradamente" en varias alternativas para reubicar a las familias. Entre ellas figura la instalación de campamentos unifamiliares temporales, la culminación de proyectos habitacionales que ya estaban en construcción por parte del Estado y la adquisición de viviendas disponibles en el mercado secundario.
El presidente del Parlamento también informó que la Asamblea Nacional impulsará una reforma a la legislación sobre arrendamientos, al considerar que la normativa vigente es "muy regresiva" y desestimula la oferta de inmuebles para alquiler. Según Rodríguez, alrededor de 200.000 viviendas permanecen desocupadas porque sus propietarios no las ofrecen en arrendamiento. En ese sentido, planteó que la modificación legal busca generar condiciones para que más inmuebles puedan ser utilizados durante la atención de la emergencia.
El funcionario aseguró que la meta es que las personas que actualmente permanecen en escuelas puedan trasladarse antes de septiembre a una vivienda alquilada, una casa culminada o adquirida por el Estado, o a "unas especies de viviendas de transición unifamiliares mientras se le construye la definitiva".
Nuevos terrenos y apoyo internacional
Dentro de la planificación oficial también avanza la búsqueda de espacios para desarrollar nuevos proyectos habitacionales con criterios antisísmicos. Rodríguez explicó que un sobrevuelo realizado en La Guaira permitió identificar más de 40 terrenos que suman cerca de 584.000 metros cuadrados y que podrían destinarse a la construcción de edificaciones de baja altura.
A esta estrategia se suma el respaldo de Naciones Unidas. Durante la semana, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, señaló a EFE desde La Guaira que el plan diseñado junto con el Gobierno venezolano contempla el traslado de viviendas prefabricadas al país para atender parte de la demanda habitacional. El representante del organismo internacional aseguró además que Naciones Unidas ya se encuentra "recaudando dinero" para poner en marcha esa iniciativa y facilitar la respuesta frente a la emergencia.
En materia de financiación, Rodríguez afirmó que Delcy Rodríguez adelanta gestiones internacionales para disponer de mayores recursos. Según explicó, la mandataria encargada está "enviando cartas a otros países donde se encuentran activos retenidos que pertenecen a Venezuela" y desarrolla "todo ese proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido".
Actualización sobre víctimas y críticas internacionales
En paralelo, las autoridades actualizaron la información relacionada con las víctimas. Rodríguez informó que permanecen 315 cuerpos sin identificar y rechazó las versiones según las cuales estas personas estarían siendo enterradas en fosas comunes. Explicó que las sepulturas se realizan en el cementerio La Esperanza, luego de que a cada cuerpo le sean tomadas muestras que permitan una futura identificación. En el lugar, las tumbas son marcadas con nombres o números cuando no ha sido posible establecer la identidad de la víctima.
El funcionario también respondió a los cuestionamientos sobre el ritmo de remoción de escombros y sostuvo que las labores avanzan con cautela porque las autoridades mantienen la expectativa de encontrar personas con vida entre las estructuras colapsadas.
Finalmente, el Gobierno venezolano manifestó su rechazo a las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien afirmó que "la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla" su país "con todo lo que ello implica". Caracas respondió que la planificación y ejecución de ese proceso corresponde de manera "exclusiva" al Estado venezolano, que ya activó a empresas públicas, la industria nacional y el sector privado para participar en las labores. Rodríguez calificó esas afirmaciones como "una barbaridad". Posteriormente, De la Espriella aclaró que no ha planteado "desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades".
