Contraloría revela hallazgos fiscales por más de $53.000 millones en Programa de Alimentación Escolar
La Contraloría General de la República ha hecho público un informe alarmante sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde se identificaron hallazgos fiscales por un monto superior a los $53.000 millones. Estas irregularidades fueron detectadas durante 40 actuaciones de control realizadas en el año 2025, afectando recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, entidades territoriales y el Sistema General de Regalías.
Problemas estructurales en la gestión del PAE
Las auditorías se concentraron específicamente en la gestión, ejecución y destinación de los recursos públicos del PAE, un programa fundamental para garantizar la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo colombiano. Los resultados evidencian problemas estructurales recurrentes que comprometen seriamente la eficiencia y transparencia en el uso de los fondos públicos.
Según el informe contralor, las principales irregularidades se concentran en tres áreas críticas:
- Sobrecostos en la contratación y ejecución
- Pagos sin soportes documentales adecuados
- Deficiencias contractuales graves
Hallazgos en recursos nacionales y territoriales
En relación con los recursos del Presupuesto General de la Nación y los fondos territoriales, la Contraloría adelantó auditorías de cumplimiento a 68 entidades territoriales certificadas, que representan más del 90% de los recursos del PAE a nivel nacional. Como resultado, se identificaron 41 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $24.254 millones.
El desglose de estos hallazgos revela que:
- Los sobrecostos representan 22 casos que suman $18.106 millones (75% del total)
- Los pagos sin soportes de ejecución alcanzan $2.790 millones
- Las deficiencias en la ejecución contractual suman $2.706 millones
- Los incumplimientos de lineamientos del programa ascienden a $649 millones
Regiones más afectadas y casos emblemáticos
La región Centro Oriente fue señalada como la más crítica, con nueve hallazgos por $12.363 millones. En Soacha, Cundinamarca, se detectó el hallazgo de mayor cuantía individual, por $3.550 millones, relacionado con el pago de costos que superaron los valores realmente ejecutados por el contratista.
En Boyacá, al comparar las raciones suministradas con los pagos realizados a las manipuladoras de alimentos, se identificaron diferencias que podrían generar un detrimento patrimonial por $2.010 millones. Estos casos ilustran las graves fallas en los mecanismos de control y supervisión del programa.
Irregularidades en recursos de regalías
En cuanto a los recursos del Sistema General de Regalías destinados al PAE, el ente de control identificó cinco hallazgos con presunta incidencia fiscal por $28.863 millones en Nariño, Quindío, Meta y el municipio de Arauca, correspondientes a las vigencias entre 2021 y 2024.
El hallazgo de mayor cuantía se presentó en Nariño, por $23.549 millones, asociado al incumplimiento del Anexo Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible. Esta situación se debe a deficiencias en la planeación y falta de aprobación formal de los ciclos de menú, lo que representa un riesgo significativo para el cumplimiento de los parámetros nutricionales establecidos.
En Arauca, se determinó un hallazgo por $3.111 millones al establecer que algunos pagos no contaban con soportes contables, financieros ni técnicos suficientes, además de falencias en la interventoría y supervisión del programa.
Alertas para el año 2026
Finalmente, la Contraloría emitió una alerta preocupante para el próximo año: cerca de 800.000 estudiantes en 12 entidades territoriales certificadas podrían verse afectados en 2026, ya que el inicio de la alimentación escolar no coincidiría con el calendario académico.
Según el organismo, esta situación compromete seriamente el objetivo fundamental del PAE de mejorar la calidad de vida y garantizar la permanencia escolar, especialmente en un contexto donde aún falta por cubrir a cerca de 1,2 millones de estudiantes en el país que requieren este apoyo alimentario.
El informe de la Contraloría subraya la urgencia de implementar medidas correctivas que fortalezcan los mecanismos de control, supervisión y transparencia en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, garantizando que los recursos públicos lleguen efectivamente a los estudiantes que más los necesitan.
