En los últimos cinco años, 760 colegios privados han tenido que cerrar sus puertas en Colombia, una cifra que exige un análisis detallado. No solo por las múltiples causas que han generado este problema, sino también por la urgencia de evitar que esta avalancha continúe limitando las oportunidades educativas de amplios sectores de la población.
Factores que explican el cierre masivo
Uno de los factores determinantes es la tasa de natalidad: al nacer menos niños, el número de matriculados disminuye. Sin embargo, no es la única causa. La deserción escolar afecta al 3,93% de los alumnos de colegios oficiales y al 2,89% en los privados, con un promedio nacional de 3,9%. A esto se suman la disminución de matrículas, las dificultades económicas de las familias —en un país donde el 55% de los trabajadores están en la informalidad y el desempleo alcanza el 8,8%— y un factor emergente: los problemas de salud mental. Se estima que uno de cada siete adolescentes sufre algún trastorno mental diagnosticable.
Infraestructura subutilizada
Además del cierre de colegios, otra cifra alarmante es que el 20% de los colegios privados opera con el 50% de su capacidad, y el 98% registra algún grado de disminución en su ocupación. Esto indica una infraestructura subutilizada que representa una inversión significativa. Ante esta situación, muchos colegios han buscado alternativas como el arrendamiento de instalaciones para otros fines o la organización de eventos que generen ingresos adicionales.
La natalidad y otros factores evitables
El primero de los factores, la natalidad, es inevitable; pero los demás sí pueden abordarse. Corresponde a las autoridades trabajar con profesionalismo y dedicación para proteger a la población en edad escolar, garantizando que puedan completar sus ciclos educativos y recibir el conocimiento necesario para ser útiles a la sociedad.
Salud mental: un desafío creciente
Es necesario detenerse en las afectaciones psicológicas y psiquiátricas. La sociedad actual enfrenta grandes peligros en el entorno de los estudiantes, que terminan perturbándolos y alejándolos de los programas educativos, convirtiéndose en un grave problema para las familias. Situaciones como un entorno familiar inapropiado, el bullying escolar, la falta de nutrición, la presencia de drogas, el abuso de la tecnología y las redes sociales, y la imposibilidad de acceder a herramientas de aprendizaje, entre otras, exigen una presencia más activa del Estado. Se requiere identificar problemas, diseñar correctivos y establecer programas que faciliten las condiciones para que los estudiantes asistan a las aulas y asimilen el conocimiento de forma adecuada.
