El Ministerio de Trabajo presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado luego de la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026, una norma clave del Gobierno de Gustavo Petro que buscaba trasladar cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones. El ministro Antonio Sanguino confirmó que el Gobierno utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles para intentar revertir la decisión judicial.
Detalles del recurso y la suspensión
El recurso de súplica fue radicado el 15 de mayo de 2026, según anunció Sanguino en sus redes sociales. La suspensión había sido ordenada por el magistrado Juan Enrique Bedoya, del Consejo de Estado, quien consideró que el decreto podría contradecir disposiciones de la Ley 2381 de 2024. El alto tribunal argumentó que los recursos de los afiliados debían permanecer temporalmente en las AFP hasta que exista el fondo especial administrado por el Banco de la República, contemplado en la reforma pensional.
Argumentos del Gobierno
El Gobierno sostiene que la decisión judicial afecta la transición hacia el nuevo sistema pensional y podría generar problemas financieros para Colpensiones, que debe asumir obligaciones de pago sin contar aún con los recursos de los afiliados que se trasladaron desde los fondos privados. Además del recurso de súplica, Sanguino anunció posibles acciones penales contra el magistrado Bedoya, calificando las decisiones como “abiertamente ilegales”.
Investigaciones a las AFP
En medio de la controversia, la Superintendencia Financiera abrió investigaciones contra algunas AFP por presuntas irregularidades en el traslado de recursos de afiliados hacia Colpensiones. El Gobierno considera que varios fondos privados habrían retrasado o dificultado los procesos autorizados por los ciudadanos que decidieron cambiarse de régimen pensional.
Impacto económico y perspectivas
La disputa causa preocupación en sectores económicos y financieros del país. Expertos advierten que el traslado masivo de recursos podría afectar el mercado de capitales y aumentar la incertidumbre económica. Por su parte, el Ejecutivo insiste en que los recursos pertenecen a los trabajadores y deben acompañar su traslado al sistema público. Por ahora, el futuro del decreto sigue en manos del Consejo de Estado y posiblemente de otras altas cortes, mientras los recursos continúan bajo administración de las AFP.
