Transformación educativa con inversión histórica del 45,3% en presupuesto
El Gobierno del Cambio encontró en 2022 un sistema educativo marcado por profundas inequidades, desfinanciación estructural y un clima generalizado de descontento entre estudiantes y docentes. Frente a este diagnóstico crítico, la administración actual implementó una estrategia basada en el fortalecimiento presupuestario como eje fundamental para garantizar el derecho a la educación.
El presupuesto público en educación experimentó un crecimiento histórico sin precedentes en Colombia, pasando de 58,6 billones de pesos en 2022 a 85,2 billones proyectados para 2026 en precios constantes. Este incremento representa un aumento real del 45,3%, constituyéndose como la mayor inversión educativa de la historia nacional.
Educación inicial para la primera infancia
Resarciendo una deuda histórica con la primera infancia, actualmente más de 2,1 millones de niñas, niños y personas gestantes en el 92% de los municipios colombianos reciben educación inicial en el marco de la atención integral. Este logro representa un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación y el ICBF, donde no solo se garantizan cupos sino condiciones de calidad, atenciones priorizadas y un enfoque integral.
La inversión histórica en material pedagógico se complementó con la ampliación de planta docente, viabilizando 5.404 cargos docentes como planta definitiva para 2026 con una inversión superior a los 409 mil millones de pesos. Además, se expandieron cursos en prejardín, jardín y transición, implementando modelos de itinerancia que garantizan la prestación completa del servicio de preescolar en sus tres grados a 596.586 niñas y niños en todo el territorio nacional.
Resignificación de la jornada escolar y dignificación docente
A pesar de heredar un sistema anclado en lógicas de competencia, este gobierno implementó una resignificación del tiempo escolar que ha llegado a más de cinco mil colegios y aproximadamente un millón de estudiantes. Esta estrategia fomenta el desarrollo de creatividad, pensamiento crítico y relación con el entorno, demostrando resultados tangibles con un aumento de 4,8 puntos en el desempeño de pruebas Saber 11 en colegios públicos.
La dignificación de la labor docente se materializó mediante el fortalecimiento estructural de la planta educativa. Se viabilizaron más de 15.000 nuevos cargos en todo el territorio nacional, se promovieron 126.000 ascensos y reubicaciones en el escalafón docente, y se pasaron a planta definitiva 8.886 cargos temporales más 389 cargos nuevos. Adicionalmente, se adjudicaron más de 5.790 becas para formación continua docente.
Alimentación escolar transformada y ampliación territorial
El Programa de Alimentación Escolar experimentó una transformación radical, pasando de un presupuesto de 1,8 billones en 2022 a 3,0 billones en 2026. Esta inversión permitió reducir productos ultraprocesados e incrementar raciones calientes preparadas en sitio, coherentes con las tradiciones culturales territoriales. La alimentación dejó de ser un trámite logístico para convertirse en una política educativa de fondo, resultando en una reducción significativa de la deserción estudiantil en todos los niveles.
La implementación de los Sistemas Integrados de Educación Media y Superior (SIMES) garantizó por primera vez que más de 2.000 jóvenes en territorios afectados por conflicto armado puedan culminar su ciclo educativo hasta grado 11 y proyectar su ingreso a la universidad. Esta política se articula con la estrategia Educación Superior en tu Colegio y el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), permitiendo a jóvenes cursar materias universitarias desde el colegio sin pruebas de admisión.
Los resultados son contundentes: la tasa de tránsito inmediato a educación superior creció significativamente, especialmente en ruralidad donde pasó del 24% al 30% en solo dos años. Esta expansión se sostuvo con una inversión de aproximadamente 2 billones de pesos que intervino cerca de 15.000 sedes educativas en todo el país.
Fortalecimiento financiero de la educación superior
En educación superior, se reformaron los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, estableciendo un esquema de financiación que reconoce los costos reales del funcionamiento universitario. Este rubro pasó de 6,0 billones en 2022 a 9,5 billones en 2025, saldando una deuda histórica con las universidades públicas.
El acceso a educación superior dejó de ser una promesa abstracta: el gobierno estableció la meta de 500.000 nuevos cupos y para el segundo semestre de 2025 más de 300.000 nuevos estudiantes ingresaron a universidad pública. Este esfuerzo permitió alcanzar la tasa de cobertura más alta en la historia del país: 57,5%.
Para 2025, más de 900.000 jóvenes (el 97% de la matrícula pública) acceden a la universidad en condiciones de gratuidad mediante la política Puedo Estudiar. La gratuidad se constituyó como base presupuestal de funcionamiento institucional, permitiendo que estos recursos se indexen anualmente y fortalezcan la autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
Adicionalmente, se destinó una inversión sin precedentes de más de 1,6 billones de pesos para atender la infraestructura educativa precarizada heredada en 2022. Se priorizaron y financiaron 104 proyectos que construyen aulas, laboratorios y campus donde antes existían condiciones indignas para estudiar, incluyendo el multicampus de educación superior en la Ladera de Cali y el Bloque IX de la Universidad de La Guajira en Riohacha.
La transformación educativa implementada por el Gobierno del Cambio representa un quiebre con la administración histórica de la desigualdad, heredando al próximo gobierno un sistema educativo fortalecido que reconoce a la educación pública como pilar fundamental para una sociedad digna, libre, democrática e incluyente.
