La constituyente universitaria: un experimento fallido que debe terminar
El nombramiento del profesor Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia constituyó un acto contrario a las leyes y normas propias de la institución. Este no es un simple asunto de opinión, sino un hecho jurídico firme respaldado por dos sentencias del Consejo de Estado y una adicional del Tribunal Superior de Bogotá, que debió intervenir cuando las autoridades universitarias desacataron las decisiones judiciales.
Un proceso con fundamentos cuestionables
Según testimonios de quienes presenciaron las deliberaciones, la principal razón por la cual el Consejo Superior Universitario (CSU) inicialmente rechazó la designación de Múnera fue el carácter marcadamente político y escasamente académico de su programa de gobierno. Aunque algunos argumentan que todo en la universidad es político, la experiencia demuestra que la mejor política para una institución de educación superior es aquella que prioriza la excelencia académica.
Durante el año y medio que ejerció como rector mientras los tribunales deliberaban, Múnera impulsó activamente su programa, cuyo punto central fue la organización de una constituyente universitaria destinada a reformar profundamente el gobierno de la institución. Este proceso, aprobado en su plan de desarrollo, avanzó con la elección de mesas de trabajo y discusiones recientes en los claustros estudiantiles y docentes.
Coincidencia sospechosa y enfoque desbalanceado
Resulta difícil considerar casual la coincidencia temporal entre esta constituyente universitaria y la constituyente nacional promovida por el gobierno actual. La iniciativa se articuló en tres ejes principales: democratización de la vida universitaria, reforma del gobierno y su funcionamiento (incluyendo mecanismos para nombrar directivas), y construcción colectiva y participativa.
Llama poderosamente la atención la casi total ausencia en los documentos de términos fundamentales como educación, investigación, pedagogía, conocimiento o proyección de resultados. En su lugar, se repiten con frecuencia excesiva conceptos como democracia, participación y gobierno. En ocasiones, las palabras no solo describen la realidad, sino que parecen sustituirla por completo.
Participación mínima y rechazo mayoritario
El proceso ha demostrado ser mucho menos democrático y participativo de lo que su retórica sugiere. En la elección de las Mesas de Constituyente Universitaria (Mecun), participaron apenas el 25,4% de los docentes y un preocupante 6,7% de los estudiantes. Además, el 53% de las listas docentes y el 74% de las estudiantiles presentaron candidato único, mientras que el 30% de los votantes optó por el voto en blanco.
Los documentos resultantes de las discusiones en los claustros reflejan el escaso entusiasmo de los participantes. Un estudio realizado por tres profesores de estadística entre los docentes de Ciencias de la sede Bogotá (que aunque no es necesariamente representativo, sí resulta indicativo) revela que el 78,3% no está de acuerdo con la constituyente y el 74,2% no participará en ella.
Documentos departamentales expresan rechazo
Los documentos disponibles de departamentos y facultades manifiestan, en general, opiniones negativas sobre las propuestas de las Mecun. La mayoría solicita al Consejo Superior Universitario realizar una consulta amplia, incluso un plebiscito, antes de adoptar los cambios propuestos.
Un experimento que debe concluir
Considerando la irregularidad de la rectoría que promovió el proceso y el limitado entusiasmo demostrado por estudiantes y docentes, la universidad debería dar por terminado este experimento. Quienes trabajamos en laboratorios sabemos que, con frecuencia, el experimento con resultados negativos es el más informativo y valioso para el aprendizaje institucional.
La Universidad pública colombiana debe ser protegida y su autonomía respetada integralmente. El país no puede permitirse el lujo de perder o disminuir la verdadera dimensión de sus instituciones de educación superior. Los gobiernos son transitorios, pero las universidades y la academia perduran a través del tiempo, constituyendo pilares fundamentales del desarrollo nacional.
