ASCUN advierte sobre el impacto del Decreto 0173 en la educación superior privada
El sector educativo privado en Colombia ha encendido las alarmas ante la implementación del Decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, que establece un impuesto extraordinario y temporal dirigido a las empresas más grandes del país, con un patrimonio superior a 200.000 UVT, para abordar la crisis humanitaria derivada del invierno. Según la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), esta medida amenaza directamente a las instituciones de educación superior privadas, las cuales, a diferencia de las empresas comerciales, no distribuyen utilidades ni reparten dividendos, sino que reinvierten sus excedentes en infraestructura, investigación y bienestar estudiantil.
Una amenaza para 1,2 millones de estudiantes
El padre Harold Castilla Devoz, Vicepresidente de ASCUN y Rector General de UNIMINUTO, ha señalado que gravar a las instituciones de educación superior privadas revela una profunda incomprensión sobre su naturaleza jurídica, social y constitucional. "Comparar estas instituciones con empresas comerciales ordinarias ignora que las universidades privadas no persiguen ganancias, sino que complementan al Estado en su deber de garantizar educación para todos los colombianos", afirmó el líder académico. ASCUN alerta que la estabilidad de más de 1,2 millones de estudiantes matriculados en el sector privado depende de estructuras financieras que ya operan con márgenes estrechos, y que cualquier presión tributaria adicional podría convertirse en una barrera para las familias, especialmente en territorios donde la oferta pública es insuficiente.
Detalles del decreto y plazos críticos
El decreto, firmado tras una crisis fiscal agravada por fenómenos climáticos que dejaron un impacto estimado de $8,3 billones en ocho departamentos, activa las facultades del artículo 215 de la Constitución. Establece un impuesto del 0,5% sobre el patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, con una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y extractivo. Aunque excluye a empresas del sector salud, intervenidas por el Estado y servicios públicos en municipios en emergencia, no menciona explícitamente a las universidades privadas, muchas de las cuales superan el umbral patrimonial. Desde el 1 de marzo, el Gobierno tomó una fotografía del patrimonio de todas las empresas para determinar los obligados al pago, con plazos clave: el 1 de abril vence la declaración y pago de la primera cuota del 50%, y el 4 de mayo la segunda y última cuota.
El caso emblemático de UNIMINUTO
UNIMINUTO, con más de 90.000 estudiantes activos, presencia en 52 municipios y un modelo enfocado en estratos 1, 2 y 3, ilustra el alcance del problema. Castilla Devoz enfatizó que los activos de las universidades están al servicio de la calidad educativa del pueblo colombiano, y presentarlas como un conglomerado de élite es "conceptualmente equivocado". ASCUN hace un llamado urgente a abrir una mesa de diálogo con el Gobierno antes del 1 de abril, argumentando que la medida podría reducir el acceso a la educación, limitar la inversión en calidad o encarecerla indirectamente para quienes más necesitan oportunidades, en una paradoja que contradice los principios de equidad.
