Gremio universitario rechaza tajantemente el nuevo tributo gubernamental
La polémica continúa en torno al decreto 0173 del Gobierno Nacional, que establece el impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica, afectando significativamente a las universidades privadas sin ánimo de lucro. Estas instituciones ahora enfrentan la obligación de tributar montos multimillonarios, situación que ha generado un fuerte rechazo por parte del sector educativo.
Una postura firme desde el liderazgo universitario
En declaraciones exclusivas, el padre Harold Castilla, rector general de Uniminuto y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), calificó el impuesto como "injusto" y "una conceptualización jurídica absurda". El directivo defendió con vehemencia la función social de las instituciones de educación superior privadas y su naturaleza como entidades sin ánimo de lucro, argumentos centrales que el gremio presentará ante la Corte Constitucional para buscar la anulación del tributo.
"Tiene un impacto mayúsculo para el momento actual de la universidad privada en Colombia, cuando ha estado tan golpeada en estos últimos años", afirmó Castilla sobre las consecuencias del impuesto. El sistema mixto de educación superior, que presta un servicio público esencial, enfrenta ahora una amenaza que podría comprometer el acceso educativo de más de 1,2 millones de estudiantes matriculados en instituciones privadas.
Riesgos concretos para el sistema educativo
Castilla desmintió categóricamente las percepciones gubernamentales sobre las universidades privadas: "A nosotros muchas veces se nos ha tildado durante el gobierno actual de ser instituciones que tienen dueños, que somos instituciones ricas, o que generan excedentes para los bolsillos de no sé quién, y eso es una falacia, eso es una mentira".
Entre los principales riesgos identificados por el directivo se encuentran:
- Posible aumento en el precio de las matrículas
- Incremento en los índices de deserción estudiantil
- Reducción en la calidad educativa por ajustes presupuestales
- Limitación en programas de becas y subsidios para estudiantes vulnerables
- Peligro para la atención de salud mental estudiantil
Impacto financiero cuantificado
Según los cálculos de Ascun, el impacto fiscal para el sector universitario privado ascendería a aproximadamente 135.000 millones de pesos. Uniminuto, como institución específica, deberá pagar alrededor de 2.000 millones de pesos, con la primera cuota programada para el primero de abril y otra en mayo.
"Eso no estaba contemplado en el presupuesto de las universidades", explicó Castilla, destacando la complejidad adicional que representa el incremento del 23% en el salario mínimo y la contracción en la matrícula estudiantil. Estas variables combinadas tensionan gravemente la ejecución presupuestal del 2026, aprobada a finales del año anterior.
Acciones legales y diálogo institucional
El gremio universitario presentó una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional el pasado viernes, buscando detener la aplicación del decreto. Castilla expresó su esperanza en que la magistrada Lina Marcela Escobar, presidenta de la Corte, acoja esta solicitud con la misma consideración otorgada a otros sectores de la sociedad colombiana.
Respecto al proceso de socialización gubernamental, el directivo fue claro: "Solamente llegó el decreto". Aunque posteriormente se han realizado acercamientos a través de Ascun con el Ministerio de Hacienda, la comunicación previa a la emisión del decreto fue inexistente.
Mensaje final al Gobierno Nacional
Castilla cerró su intervención con un mensaje contundente: "Nosotros, como instituciones de educación superior, tenemos una responsabilidad social. Atendemos un servicio público. Nuestras universidades están al servicio de los ciudadanos colombianos, y a quienes trabajamos en ellas nos corresponde gestionarlas, pero en ningún momento estamos capitalizando como negocio este servicio".
El directivo reiteró su rechazo a lo que considera una "conceptualización jurídica absurda" por parte del gobierno actual, manteniendo que las universidades privadas cumplen una función esencial en la construcción de equidad social a través de la educación superior accesible para los estratos 1, 2 y 3 de la población colombiana.
