Mineducación busca mesa técnica ante polémico impuesto al patrimonio para universidades
El Ministerio de Educación ha solicitado formalmente la creación de una mesa técnica para evaluar los efectos del impuesto al patrimonio que afectaría a las instituciones de educación superior privadas en Colombia. Esta petición surge en medio de una creciente controversia jurídica y académica, donde el sector educativo ha advertido sobre posibles consecuencias negativas en las matrículas estudiantiles y la sostenibilidad financiera de las universidades.
La solicitud oficial y el contexto de tensión
El ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció a través de su cuenta en la red social X que pidió "constituir prontamente una mesa técnica" que permita analizar el alcance del incremento en la carga impositiva a las universidades privadas. Paralelamente, el Ministerio de Educación envió una carta oficial al Ministerio de Hacienda, fechada el 26 de marzo, proponiendo realizar dicha reunión entre el 6 y el 10 de abril.
Según el documento oficial, el objetivo principal es abrir un diálogo técnico e interinstitucional que facilite revisar los alcances del impuesto y armonizar su implementación con las dinámicas propias del sector educativo, en línea con las políticas del Gobierno Nacional. Esta solicitud se produce en un momento de alta tensión para el sistema de educación superior colombiano.
El impuesto y su impacto fiscal
El gravamen, establecido mediante el Decreto Legislativo 0173 de 2026, contempla que las personas jurídicas deberán pagar una tarifa del 0,50% sobre su patrimonio. De acuerdo con estimaciones del sector educativo, entre 75 y 80 universidades privadas quedarían sujetas a esta obligación tributaria.
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) ha estimado que el impacto fiscal ascenderá a aproximadamente 135.000 millones de pesos, lo que, según el gremio, comprometería seriamente la sostenibilidad financiera de varias instituciones educativas. Uno de los principales argumentos del sector es que los patrimonios universitarios no corresponden a utilidades disponibles, sino a activos como infraestructura, laboratorios, bibliotecas y campus destinados exclusivamente a la prestación del servicio educativo.
Controversia jurídica y constitucional
La polémica ha escalado al plano jurídico con la presentación de una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional de Colombia. Un grupo representativo de universidades solicita declarar la inconstitucionalidad del decreto que creó el impuesto al patrimonio o, en su defecto, excluir específicamente a las instituciones de educación superior de esta obligación tributaria.
El documento jurídico argumenta que la norma vulnera principios fundamentales como la equidad tributaria, la capacidad contributiva y la autonomía universitaria. Además, se advierte que destinar recursos al pago de este impuesto podría desviar fondos actualmente orientados a la investigación científica, el funcionamiento académico regular y los programas de apoyo estudiantil para población vulnerable.
Posibles efectos en estudiantes y matrículas
El debate ha puesto sobre la mesa los posibles efectos directos sobre los estudiantes universitarios. Según cálculos detallados de Ascún, los recursos que las universidades deberán destinar al pago del impuesto podrían equivaler a aproximadamente 15.000 cupos en educación superior, además de miles de becas completas para población de bajos ingresos.
Desde las instituciones educativas también se advierten presiones financieras adicionales. El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente del gremio universitario, explicó que las universidades ya enfrentan retos significativos por factores como el aumento anual del salario mínimo y la caída progresiva en la matrícula estudiantil.
Castilla detalló que su institución deberá asumir un pago cercano a los dos mil millones de pesos en dos cuotas entre abril y mayo, lo que obligará a realizar "un esfuerzo financiero grande" para cumplir con la obligación tributaria. Aunque no es una decisión generalizada, el directivo advirtió sobre el riesgo real de traslado de esta carga económica a los estudiantes. "Puede ser que algunas universidades sientan la tentación de decir: vamos a tener que subir la matrícula", señaló con preocupación.
Contexto nacional y cifras relevantes
Actualmente, más de 1,2 millones de estudiantes están matriculados en universidades privadas en Colombia, cuya operación depende en gran medida de esquemas financieros ajustados al sostenimiento de la actividad académica. El sector educativo superior privado representa un componente fundamental del sistema nacional de educación, con instituciones que operan bajo el régimen de entidades sin ánimo de lucro.
La mesa técnica solicitada por el Ministerio de Educación buscará establecer un espacio de diálogo constructivo entre las carteras de Educación y Hacienda, con participación de representantes del sector universitario. Este mecanismo pretende analizar exhaustivamente los alcances del impuesto al patrimonio y buscar alternativas que protejan tanto los intereses fiscales del Estado como la sostenibilidad del sistema educativo superior colombiano.
La controversia continúa desarrollándose mientras la Corte Constitucional estudia la demanda de inconstitucionalidad presentada por Ascún, y el sector educativo espera con expectativa los resultados de la mesa técnica propuesta por el Ministerio de Educación.
