MinEducación busca diálogo con Hacienda sobre impuesto a universidades privadas
El Ministerio de Educación ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda la creación de una mesa técnica para evaluar el impacto del impuesto al patrimonio que comenzaría a regir para las instituciones de educación superior privadas. Esta solicitud se produce en medio de una creciente controversia jurídica y académica que ha generado la medida impositiva.
Petición formal y cronograma propuesto
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, anunció públicamente a través de su cuenta en la red social X que pidió "constituir prontamente una mesa técnica" para analizar la iniciativa de aumentar la carga impositiva a las universidades privadas. Paralelamente, el Ministerio envió una carta oficial a Hacienda, fechada el 26 de marzo, proponiendo realizar dicha reunión entre el 6 y el 10 de abril.
El objetivo, según el documento oficial, es abrir un "diálogo técnico e interinstitucional" que permita revisar los alcances de la medida y armonizar su implementación con las dinámicas del sector educativo, en línea con las políticas del Gobierno Nacional.
Contexto de tensión en el sector educativo
La solicitud ministerial se produce en un contexto de alta tensión dentro del sistema de educación superior colombiano. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) ha solicitado a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, mediante el cual se estableció el impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica.
Entre 75 y 80 universidades privadas podrían verse obligadas a pagar el nuevo impuesto, según estimaciones del sector. La medida establece que todas las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT —equivalentes a cerca de 10.474 millones de pesos— deberán asumir un gravamen del 0,50%.
Preocupaciones del sector y acción jurídica
El anuncio del impuesto ha encendido las alarmas en organizaciones como Ascún, que advierte sobre posibles efectos negativos en la sostenibilidad financiera de las instituciones. Según sus cálculos, el impacto del impuesto rondaría los 135.000 millones de pesos.
El gremio universitario ha señalado que, aunque las universidades privadas manejan patrimonios elevados, estos no representan utilidades disponibles, sino activos como:
- Infraestructura educativa
- Laboratorios especializados
- Bibliotecas y centros de documentación
- Campus universitarios destinados al servicio educativo
En ese sentido, sostienen que la medida desconoce la naturaleza sin ánimo de lucro de estas instituciones educativas.
Demanda ante la Corte Constitucional
La preocupación ha escalado al plano jurídico con la presentación de una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional de Colombia. Un grupo de universidades solicita tumbar el decreto o, al menos, excluir a las instituciones de educación superior del impuesto.
El documento argumenta que la norma vulnera principios fundamentales como:
- La equidad tributaria
- La capacidad contributiva
- La autonomía financiera universitaria
En la demanda, dirigida a la magistrada Lina Marcela Escobar, se advierte que obligar a las universidades a destinar recursos al pago de impuestos podría desviar fondos que actualmente se utilizan para investigación, funcionamiento académico y apoyo a estudiantes.
Impacto potencial en los estudiantes
El debate también ha puesto sobre la mesa posibles efectos directos sobre los estudiantes. De acuerdo con Ascún, los recursos que se destinarían al pago del impuesto podrían equivaler a cerca de 15.000 cupos en educación superior y miles de becas para población de bajos ingresos.
El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente del gremio, explicó que las universidades ya enfrentan presiones financieras por factores como el aumento del salario mínimo y la caída en la matrícula. "Vamos a tener que hacer un esfuerzo grande", afirmó, al detallar que su institución deberá pagar cerca de dos mil millones de pesos en dos cuotas entre abril y mayo.
Castilla advirtió, además, que aunque no es una decisión generalizada, existe el riesgo de que algunas universidades opten por trasladar parte de esa carga a los estudiantes mediante incrementos en las matrículas. "Puede ser que algunas sientan la tentación de decir: vamos a tener que subir la matrícula", señaló.
Contexto nacional y voces críticas
Actualmente, más de 1,2 millones de estudiantes están matriculados en universidades privadas en Colombia, cuya operación depende en gran medida de esquemas financieros ajustados al sostenimiento de la actividad académica.
Las críticas también han llegado desde voces académicas destacadas. El exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, cuestionó el decreto al considerar que equipara a las universidades privadas con empresas con fines de lucro. "Esto es una barbaridad. Las universidades privadas en Colombia por ley son sin ánimo de lucro. Cobrarles impuesto de patrimonio afectará a sus estudiantes", expresó.
La situación mantiene en vilo al sector educativo colombiano, que espera los resultados del diálogo propuesto por el Ministerio de Educación y la decisión de la Corte Constitucional sobre la demanda presentada contra el decreto impositivo.
