Directivos de Unimetro enfrentan investigación penal por presunto desfalco multimillonario
La Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro) se encuentra sumida en una profunda crisis institucional tras la decisión del Ministerio de Educación Nacional de compulsar copias penales a la Fiscalía General de la Nación para investigar a sus actuales directivos. La medida, notificada oficialmente este 17 de marzo, busca esclarecer presuntos delitos relacionados con corrupción, manejo indebido del gobierno universitario y graves irregularidades financieras que podrían superar los 40.000 millones de pesos.
Los investigados y las acusaciones
Según la información revelada por Ivonne Acosta Acero, vicepresidenta de la Fundación Acosta Bendek, la investigación penal abarca al conjunto de la cúpula directiva de Unimetro. Entre los señalados se encuentran:
- Luis Fernando Acosta Osio, presidente del Consejo Directivo
- Carlos Julio Macia, representante de la Arquidiócesis de Barranquilla
- María Cecilia
- Ricardo Rosales Zambrano
- José Borré Aguilera, actual rector de la institución
Las presuntas irregularidades incluyen la toma irregular del control institucional, la designación cuestionada del rector y un posible desfalco superior a 40.000 millones de pesos relacionado con operaciones financieras a través de empresas de papel y del Hospital Metropolitano.
Antecedentes judiciales y denuncias previas
Esta compulsa de copias ocurre en un contexto donde el liderazgo universitario ya enfrentaba escrutinio judicial. El 29 de enero de 2026, la Fiscalía imputó en contumacia a Luis Fernando Acosta Osio por delitos de tráfico de influencias y tentativa de soborno. Según documentos presentados en audiencia, entre 2016 y 2017 Acosta Osio habría buscado la intervención de un senador —condenado posteriormente— para direccionar resoluciones del Ministerio de Educación que permitieran nombrar un rector de su confianza.
Investigaciones adicionales divulgadas por la Fiscalía señalan que el directivo incluso habría ofrecido 200 millones de pesos a un juez para influir en una audiencia de restablecimiento de derechos relacionada con la vida jurídica de la institución.
Posiciones enfrentadas y denuncia de persecución
La Fundación Acosta Bendek ya había solicitado a finales de enero la intervención administrativa inmediata de Unimetro, alegando irregularidades prolongadas y una supuesta omisión del Estado ante denuncias previas. En contraste, la Universidad Metropolitana respondió públicamente calificando como "infundada" la petición de intervención y afirmando que la imputación contra Acosta Osio "carece de respaldo probatorio".
En su pronunciamiento, la rectoría denunció una "persecución injustificada" y recordó que la institución estuvo durante años bajo vigilancia estatal a raíz de un desfalco previo —superior a los 30.000 millones— que, según la universidad, ocurrió bajo una administración distinta a la actual. Dicha vigilancia fue levantada en 2023 tras una evaluación del Ministerio que concluyó en su momento que la universidad había recuperado estabilidad académica y financiera.
Nuevas dimensiones del caso
El Ministerio de Educación también advierte otros posibles delitos al interior del máximo órgano de gobierno de Unimetro. Además, menciona la existencia de violencia sistémica de género ejercida contra Ivonne Acosta en el marco de los hechos denunciados, razón adicional por la cual el caso fue remitido directamente a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para las investigaciones correspondientes.
Lo que viene y expectativas institucionales
La Fiscalía deberá valorar ahora si las actuaciones señaladas constituyen conductas penales y, en caso afirmativo, definir la pertinencia de imputaciones formales o medidas cautelares. La Fundación Acosta Bendek aseguró confiar en que las autoridades judiciales actuarán con diligencia, y sostuvo que estudiantes, docentes y la comunidad académica "merecen transparencia, verdad y justicia frente a los hechos que rodean la administración de la institución".
Mientras tanto, distintos sectores de la universidad permanecen a la expectativa de las decisiones judiciales que podrían comprometer seriamente la estabilidad y futuro de la institución, en medio de un conflicto marcado por disputas internas de poder, señalamientos cruzados, investigaciones penales y una creciente presión pública sobre la administración de sus recursos y decisiones académicas.
