Universidades Privadas Acuden a la Corte Constitucional para Impugnar Impuesto al Patrimonio
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó este viernes 13 de marzo una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, que establece el impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica. La medida afectaría directamente a entre 75 y 80 instituciones de educación superior privadas en todo el país.
Impacto Financiero y Preocupaciones del Sector
Según cálculos de Ascún, el nuevo gravamen representaría un desembolso aproximado de 135.000 millones de pesos para las universidades privadas. "Nosotros tenemos un promedio de dos mil millones de pesos que tenemos que pagar ahora en la primera cuota, el primero de abril, y la otra en mayo", explicó el padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente de Ascún, en entrevista con medios nacionales.
La asociación advierte que estos recursos, que deberían destinarse a la misión educativa y científica, podrían cubrir aproximadamente 15.000 cupos de educación superior y miles de becas para estudiantes de menores ingresos. "El impacto del salario mínimo, del 23 por ciento; la caída de la matrícula, y ahora este impuesto. Vamos a tener que hacer un esfuerzo grande", agregó Castilla.
Argumentos de Inconstitucionalidad
En la demanda presentada ante la magistrada Lina Marcela Escobar, Ascún sostiene que el decreto viola principios constitucionales fundamentales:
- Equidad tributaria y capacidad contributiva
- Autonomía financiera de las instituciones educativas
- Tratamiento diferenciado para entidades sin ánimo de lucro
El documento señala textualmente: "La imposición de un impuesto al patrimonio sobre los bienes de las universidades constituye una interferencia directa en su autonomía financiera, al obligarlas a destinar recursos que deberían orientarse al cumplimiento de su misión educativa y científica al pago de obligaciones fiscales".
Umbral del Impuesto y Universidades Afectadas
El decreto establece que todas las personas jurídicas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (equivalente a 10.474 millones de pesos con UVT de 52.374 pesos en 2026) deberán pagar el impuesto del 0,50%. Entre las instituciones que superarían este umbral se encuentran:
- Universidad Eafit
- Universidad de los Andes
- Universidad de la Sabana
- Universidad Javeriana
- Uniminuto
Más de 1,2 millones de estudiantes matriculados en universidades privadas podrían verse afectados indirectamente por esta medida, según datos de Ascún.
Riesgo de Incremento en Matrículas
Una de las principales preocupaciones expresadas por los rectores es el posible efecto en los costos educativos. "Hoy las universidades privadas han estado contraídas en su matrícula y su sostenibilidad financiera está bastante tensionada. Eso genera un estrés que realmente las pone en riesgo", afirmó el padre Castilla.
El académico advirtió que, aunque no sería una decisión generalizada, "puede ser que algunas —no estoy hablando de todas— sientan la tentación de decir: vamos a tener que subir la matrícula".
Críticas desde la Academia
Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, ha sido contundente en sus críticas: "Esto es una barbaridad. Las universidades privadas en Colombia por ley son sin ánimo de lucro. Cobrarles impuesto de patrimonio afectará a sus estudiantes", declaró en sus redes sociales.
El experto considera que el decreto trata a las universidades privadas como si fueran empresas con fines de lucro, lo que podría afectar recursos destinados a:
- Becas estudiantiles
- Investigación científica
- Fortalecimiento académico
- Infraestructura educativa
Patrimonio Universitario vs. Recaudo Fiscal
Según las estimaciones presentadas en la demanda, las universidades afectadas tienen en conjunto un patrimonio cercano a 27 billones de pesos, que incluye:
- Infraestructura educativa
- Campus universitarios
- Laboratorios especializados
- Bibliotecas y centros de investigación
- Equipamiento tecnológico
Sin embargo, el impuesto solo generaría un recaudo de 135.000 millones de pesos, representando una fracción mínima del patrimonio total destinado al servicio educativo.
Exclusión de Universidades Públicas
Es importante destacar que el decreto 0173 crea el impuesto al patrimonio para personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta. Las universidades públicas, al ser entidades del Estado, no son contribuyentes de este impuesto y por lo tanto quedan excluidas de la medida.
Peticiones Concretas de Ascún
En su intervención ante la Corte Constitucional, la asociación solicita:
- Suspensión provisional del decreto en lo aplicable a universidades
- Declaratoria de inconstitucionalidad total de la norma
- Exclusión de entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial
La decisión de la Corte Constitucional marcará un precedente crucial para el futuro de la educación superior privada en Colombia y la protección de su autonomía financiera frente a medidas tributarias extraordinarias.
