Universidades privadas enfrentan pago masivo por impuesto al patrimonio
Un total de 92 instituciones de educación superior privadas deberán desembolsar aproximadamente $135.000 millones al Gobierno Nacional como consecuencia del Decreto 0173 de emergencia económica, según datos revelados por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). El Observatorio de la Universidad Colombiana ha publicado el ranking completo de las instituciones más afectadas por esta medida fiscal.
Las universidades más golpeadas por el gravamen
La Universidad Externado de Colombia ocupa el primer lugar en este polémico listado, con un impuesto proyectado de $23.466 millones. Le siguen en el podio la Pontificia Universidad Javeriana con $9.115 millones, la Universidad Pontificia Bolivariana con $8.202 millones y la Universidad de Los Andes con $8.133 millones. Estos cálculos se basan en los estados financieros correspondientes al año 2024.
Completan el top diez la Universidad de Medellín ($5.532 millones), la Universidad Santiago de Cali ($4.725 millones), la Universidad Santo Tomás ($4.615 millones), la Universidad Libre ($3.740 millones), la Universidad Católica de Colombia ($3.269 millones) y la Universidad EAFIT, con datos de 2023, que deberá pagar $3.234 millones. Solamente estas diez instituciones concentran más de la mitad del recaudo total estimado para todo el sector privado de educación superior.
El contexto de la medida fiscal
El decreto 0173 fue expedido el 24 de febrero de 2026 en el marco de la emergencia económica nacional declarada tras fenómenos climáticos que dejaron un impacto estimado de $8,3 billones en ocho departamentos del país. Con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo comprometido y dos leyes de financiamiento rechazadas por el Congreso, el Gobierno activó facultades del artículo 215 de la Constitución para crear este impuesto.
La norma establece un gravamen del 0,5% sobre el patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, con una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y extractivo. El umbral para ser sujeto pasivo del impuesto se fijó en un patrimonio líquido igual o superior a 20.000 UVT, equivalente a aproximadamente $10.474 millones de pesos.
Críticas desde el sector educativo
El padre Harold Castilla Devoz, Vicepresidente de ASCUN y Rector General de Uniminuto, advirtió que "gravar a las universidades revela incomprensión sobre la naturaleza jurídica, social y constitucional de la educación". Para el líder académico, comparar estas instituciones con empresas comerciales ordinarias ignora que las universidades privadas complementan al Estado en su deber de garantizar educación para todos los colombianos, sin distribuir utilidades ni repartir dividendos.
Por su parte, Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), calificó la medida como "injusta" para un gremio que históricamente no había sido sujeto de este tipo de gravamen. "Es un impuesto del cual nunca habíamos sido sujetos las universidades privadas", señaló, y advirtió que el cobro "afecta nuestras capacidades de reinvertir en todos los aspectos que exige la educación superior de alta calidad".
Impacto en la inversión educativa
La representante Jennifer Pedraza manifestó su rechazo al impuesto, argumentando que es "absolutamente equivocado" porque desconoce uno de los pilares de la Ley 30: la prohibición del ánimo de lucro en las universidades colombianas. Según la congresista, esta norma obliga a que todos los ingresos, incluyendo las matrículas, se reinviertan en los fines misionales de cada institución.
"Van a estar entre pagar becas, pagar bienestar universitario o pagar un impuesto al patrimonio que no estaba definido previamente, que nunca fue concertado", describió Pedraza sobre la encrucijada que enfrentan las instituciones. Esta situación significa, en la práctica, recortar el apoyo a estudiantes más vulnerables para cubrir una obligación fiscal que el sector no anticipaba.
Reestructuraciones presupuestales en curso
Patricio López Jaramillo, Rector General de la Universidad de Santander (UDES), confirmó que su institución está transformando sus estrategias financieras como consecuencia directa del decreto. La medida implica, en sus palabras, "la priorización de inversiones previamente contempladas, la reducción de beneficios estudiantiles y una reestructuración presupuestal" que puede afectar las actividades de investigación y de proyección social comunitaria.
Adicionalmente, la UDES evalúa endeudarse con entidades financieras para garantizar el flujo de caja de la vigencia actual. Para López Jaramillo, la norma llegó sin considerar la realidad del sector: "No se contempló la necesidad de inversión ni el impacto directo en las ayudas sociales dirigidas a nuestros estudiantes y sus familias".
Consecuencias para el acceso a la educación
ASCUN advierte que la estabilidad del sector depende de estructuras financieras que ya operan con márgenes estrechos. La organización señala que la medida no recae sobre dueños, sino sobre las familias de los estudiantes. "La paradoja es evidente: en nombre de la equidad se podría terminar reduciendo acceso, limitando inversión en calidad o encareciendo indirectamente la educación para quienes más necesitan oportunidades", indica el comunicado del gremio.
El patrimonio de las universidades, según expertos, no es capital disponible: está inmovilizado en infraestructura, laboratorios y herramientas pedagógicas. Sara Valbuena, abogada tributarista y socia de Ventus Consultores, explica que se trata de instituciones "ricas en activos" pero "pobres en liquidez", en un momento en que la crisis de flujo de caja del sector educativo no tiene precedentes.
Plazos y acciones legales
El primero de abril vence el plazo para declarar y pagar la primera cuota del 50%, mientras que el 4 de mayo llega el cobro restante. ASCUN ha realizado una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional solicitando la revisión de la medida, y el rector de la UNAB confirmó que el sector estará atento a las definiciones judiciales.
Mientras tanto, el Gobierno argumenta que las universidades tienen capacidad de endeudamiento, y la Corte Constitucional ha sido clara en que la falta de liquidez no exonera del pago. Las instituciones se preparan para cumplir con la obligación fiscal mientras esperan un posible fallo que modifique la situación.
