El Gobierno Nacional puso en marcha una estrategia integral para mitigar los impactos del fenómeno de El Niño, luego de que el Ideam clasificara el evento climático previsto para 2026 y 2027 como fuerte. La hoja de ruta, aprobada por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluye la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, acciones focalizadas en 111 municipios con riesgo de desabastecimiento de agua, el fortalecimiento de la respuesta ante incendios forestales y una inversión superior a $669.000 millones para proteger al sector agropecuario.
Protección de la vida como prioridad
El primer eje del plan se centra en la protección de la vida. Según explicó el Gobierno durante la presentación, este será el principio rector de todas las medidas. "El plan debe empezar a implementarse o ya está en implementación, incluye hitos fundamentales. El primero de este plan es la protección de la vida. En ese sentido, no se descartará ningún esfuerzo para proteger la vida de la población que pueda ser afectada por las olas de calor, por los incendios o por cualquier otro evento que se pueda generar en el país", señaló el Ejecutivo.
Este enfoque se complementa con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente a incendios forestales, un riesgo que se incrementa durante los periodos de altas temperaturas y escasez de lluvias. Como parte de las acciones anunciadas, se confirmó la instalación de un PMU permanente para monitorear la evolución del fenómeno y coordinar la respuesta institucional.
Seguridad alimentaria y apoyo al agro
El segundo componente de la estrategia busca garantizar la seguridad alimentaria y proteger la producción agropecuaria. El Gobierno indicó que el Ministerio de Agricultura y las entidades adscritas serán las encargadas de desarrollar las acciones necesarias para mantener la producción y respaldar a los productores durante el fenómeno de El Niño.
"El segundo tiene que ver con garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a alimentos a unos precios asequibles, reduciendo su exposición. En esto hay medidas que el Ministerio de Agricultura y las entidades adscritas y vinculadas van a desarrollar para garantizar el tema de producción de alimentos y las cadenas productivas", explicó el Ejecutivo. Dentro de este componente se anunció una inversión superior a $669.000 millones para proteger al sector agropecuario, uno de los más vulnerables ante eventos climáticos de esta magnitud.
Medidas contra racionamientos de agua
La tercera prioridad definida en la estrategia es reducir el riesgo de desabastecimiento de agua y evitar racionamientos. El Gobierno informó que las acciones se concentrarán en 111 municipios identificados con riesgo de enfrentar dificultades en el suministro del recurso.
"La tercera prioridad que se definió es el tema de reducir las posibilidades de que se presenten racionamientos de agua o que tengamos población sin acceso a agua. En ese sentido, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, junto con la Comisión Reguladora de Agua, vienen desarrollando una serie de medidas que permitan a los municipios y a las entidades prestadoras garantizar unos planes de contingencia que reduzcan al máximo el riesgo que se pueda presentar", detalló el Gobierno.
Coordinación y recursos para la implementación
La estrategia comenzó a estructurarse una vez que el Ideam confirmó el escenario climático para los próximos meses. El documento aprobado por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres reúne las acciones que deberán ejecutar las distintas entidades del Estado para minimizar las afectaciones en las regiones del país. La intención es coordinar una respuesta permanente que permita anticiparse a las emergencias y reducir sus impactos.
Con la aprobación de esta hoja de ruta, el Ejecutivo busca que las medidas comiencen a ejecutarse de manera coordinada antes de que el fenómeno de El Niño alcance su mayor intensidad. Las prioridades incluyen la protección de la población, el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria y el respaldo al sector agropecuario, con recursos específicos y una coordinación permanente entre las entidades responsables.
