El manejo de la deuda pública se perfila como uno de los primeros y más complejos desafíos que deberá asumir el próximo presidente de Colombia, en un contexto caracterizado por un elevado déficit fiscal, una inflación que no cede, altas tasas de interés y un calendario de vencimientos de obligaciones financieras que presiona las cuentas del Estado. Así lo advierte Jorge E. Castelblanco, CEO de Crowe Colombia, quien sostiene que la sostenibilidad de las finanzas públicas será una de las pruebas más exigentes para el gobierno que resulte de la segunda vuelta presidencial.
Una herencia fiscal compleja
Según el análisis, Colombia llega a este momento electoral con una situación fiscal delicada. El déficit fiscal cerró 2025 en 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que el autor califica como el más alto en dos décadas, si se excluye el periodo de la pandemia. Esta cifra evidencia una brecha creciente entre los ingresos y los gastos del Estado, que debe ser financiada mediante endeudamiento.
El próximo mandatario también deberá administrar un calendario de vencimientos que obliga al país a pagar o refinanciar, en promedio, 63 billones de pesos durante este año. El costo de la financiación se ha encarecido: los títulos de deuda pública están pagando tasas cercanas al 14%, niveles no vistos desde 2022. Esto significa que cada nuevo peso de deuda resulta más costoso para el Estado.
A esto se suma que la regla fiscal, el mecanismo diseñado para limitar el crecimiento del gasto público y preservar la sostenibilidad de las cuentas nacionales, permanece suspendida. Este contexto ha llevado a que distintas entidades financieras tengan una visión cautelosa sobre la evolución del déficit. Mientras el Gobierno proyecta una reducción hasta 5,1% del PIB, estimaciones de Bancolombia y Corficolombiana consideran que el indicador podría ubicarse entre 6,5% y 7% al cierre del periodo.
Inflación y tasas elevadas complican el panorama
La deuda no es el único frente abierto. El documento recuerda que la inflación alcanzó en mayo una variación anual de 5,84%, completando tres meses consecutivos de incrementos y manteniéndose lejos de la meta de 3%. En paralelo, el Banco de la República mantiene su tasa de referencia en 11,25%, un nivel que refleja las dificultades para controlar el aumento de los precios sin afectar de manera más severa la actividad económica.
La combinación entre inflación elevada, tasas altas y una economía que crecería 2,6% durante el año configura un escenario desafiante para cualquier estrategia fiscal. El margen de maniobra es limitado y las decisiones que se adopten tendrán efectos directos sobre empresas, hogares e inversionistas.
El impacto de la deuda en el bolsillo de los colombianos
Uno de los principales mensajes del análisis es que los problemas fiscales no permanecen aislados dentro de las cuentas del Gobierno. Por el contrario, terminan trasladándose gradualmente a la economía cotidiana. Castelblanco sostiene que cuando el Estado debe pagar más por financiarse, ese mayor costo suele reflejarse posteriormente en las condiciones de crédito para hogares y empresas. En consecuencia, variables como los préstamos de consumo, los créditos de vivienda o las decisiones de inversión empresarial pueden verse impactadas por el deterioro de las finanzas públicas.
El autor resume esta situación mediante una comparación con la economía familiar: describe un hogar que gasta sistemáticamente más de lo que recibe y cubre la diferencia recurriendo a créditos cada vez más costosos. Desde su perspectiva, esa lógica ayuda a entender la magnitud del desafío que enfrenta el país.
La inversión, otra señal de alerta
El análisis también llama la atención sobre el comportamiento de la inversión, considerada una de las principales fuentes de crecimiento económico futuro. Según la información citada, la inversión representa actualmente 16% del PIB, uno de los niveles más bajos de los últimos años. Para el autor, este fenómeno está relacionado con la incertidumbre y con un entorno económico que dificulta la toma de decisiones de largo plazo.
“La pelea permanente no es solo un asunto de ánimos: cuesta plata”, afirma Castelblanco. A su juicio, la polarización y la incertidumbre terminan generando mayores costos financieros y aplazando proyectos productivos que podrían contribuir al crecimiento y al empleo.
Una herencia económica que no admite espera
Más allá de los movimientos recientes observados en el dólar, la bolsa o la acción de Ecopetrol tras la primera vuelta presidencial, el análisis concluye que el verdadero examen comenzará una vez se produzca el cambio de gobierno. La administración entrante deberá enfrentar simultáneamente un elevado déficit fiscal, altos vencimientos de deuda, inflación persistente, tasas de interés exigentes y bajos niveles de inversión. Se trata de una combinación que convierte el manejo de las finanzas públicas en una tarea difícil de aplazar.
La discusión electoral, plantea el autor, trasciende las preferencias políticas y termina conectándose con variables que afectan directamente el empleo, el ahorro, el costo del crédito y el poder adquisitivo de los hogares. En ese contexto, la capacidad para ordenar las cuentas públicas aparece como uno de los principales retos económicos del próximo cuatrienio.
