El gobierno de Pedro Sánchez cierra este martes el plazo para que los inmigrantes en situación irregular regularicen su estancia en España, con más de un millón de solicitudes presentadas, según anunció el propio presidente del gobierno español. Este plan de regularización masiva ha sido impulsado por el ejecutivo de izquierdas, en contraste con la mayoría de los países de la Unión Europea, y ha enfrentado la oposición de la derecha y la extrema derecha.
Una política migratoria excepcional en la UE
El gobierno de Sánchez constituye una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, al adoptar una política de acogida que va a contracorriente de gran parte de sus socios. "Queremos que el mundo vea a España como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos", indicó Sánchez este martes en su discurso, calificando la decisión como "buena" para la economía española, aunque también reconoció los "desafíos" que conlleva.
Detalles del plan de regularización
Según el plan, las autoridades disponen de tres meses para tramitar las peticiones y conceder o no a los solicitantes un permiso de residencia y trabajo válido únicamente en España. La fecha límite para presentar las solicitudes es este martes por la noche. Los interesados debían justificar al menos cinco meses de presencia en territorio español al 1 de enero y demostrar que no tienen antecedentes penales.
Cuando se abrió el procedimiento a mediados de abril, el gobierno calculó que se beneficiaría a alrededor de medio millón de personas, en su gran mayoría migrantes latinoamericanos. Sin embargo, la cifra final de solicitudes ha superado el millón, duplicando las estimaciones iniciales.
Impacto económico y desafíos
Sánchez destacó que la regularización masiva es positiva para la economía española, ya que permite integrar a trabajadores que ya contribuyen al país. No obstante, también señaló los desafíos que implica gestionar un volumen tan alto de solicitudes y garantizar la integración social y laboral de los nuevos residentes.
La oposición de derecha y extrema derecha ha criticado duramente la medida, argumentando que fomenta la inmigración ilegal y satura los servicios públicos. A pesar de ello, el gobierno mantiene su postura de defensa de los derechos humanos y la acogida.
