El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó este jueves una multa récord de 4.100 millones de euros (unos 4.700 millones de dólares) impuesta a Google por prácticas anticompetitivas relacionadas con su sistema operativo Android. La corte rechazó el segundo intento del gigante tecnológico estadounidense de revertir la sanción, que originalmente fue de 4.300 millones de euros en 2018 por parte de la Comisión Europea.
Fallo definitivo contra Google y Alphabet
El máximo tribunal europeo desestimó la apelación presentada por Google y su matriz Alphabet, confirmando así la multa impuesta por el regulador antimonopolio del bloque de los 27. Alphabet fue declarada solidariamente responsable en la sanción. En su fallo, el tribunal indicó: "El Tribunal de Justicia rechaza la apelación presentada por Google y Alphabet, confirmando la sanción impuesta".
Acusaciones de abuso de posición dominante
La Comisión Europea acusó a Google de abusar de la popularidad de Android para impedir la competencia. Según el regulador, Google presionó a los fabricantes de teléfonos móviles para que preinstalaran su motor de búsqueda y el navegador Chrome como condición para usar Android, bloqueando así a sus rivales. Esta decisión fue ratificada en 2022 por el Tribunal General de la UE, que redujo la multa de 4.300 a 4.100 millones de euros.
Argumentos de Google y respuesta del tribunal
Google apeló nuevamente ante el máximo tribunal europeo, argumentando que el caso carecía de fundamento y que la sanción castigaba la innovación. Sin embargo, el Tribunal de Justicia determinó que el fallo de primera instancia "no incurrió en error de derecho al evaluar los efectos anticompetitivos de las condiciones de preinstalación establecidas por los acuerdos de Android". Google respondió que la sentencia no "reconoce nuestra inversión significativa para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito".
Contexto y repercusiones
Esta multa es la sanción antimonopolio más grande jamás impuesta por la Unión Europea. El caso se originó por las prácticas de Google al exigir a los fabricantes de dispositivos móviles que incluyeran sus aplicaciones y servicios como condición para licenciar Android. La decisión del tribunal de Luxemburgo sienta un precedente importante en la regulación de las grandes tecnológicas en Europa.
