Seis meses después de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela enfrenta las devastadoras consecuencias de los terremotos que causaron al menos 2.595 muertos y más de 12.000 heridos, según datos oficiales. La catástrofe ha puesto en suspenso el proceso de reformas institucionales y el camino hacia eventuales elecciones.
Captura de Maduro y nuevo capítulo
La captura del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque militar de Estados Unidos en Caracas y tres regiones aledañas el 3 de enero había abierto un prometedor capítulo para un país sumido en una prolongada crisis política, económica y social. Sin embargo, ahora la emergencia nacional ha enlutado a miles de familias y lucha por curar a los heridos.
El país petrolero, con infraestructura deteriorada tras años de corrupción y falta de mantenimiento, enfrenta el colosal reto de reparar daños físicos equivalentes a 6.700 millones de dólares, alrededor del 6 % del PIB, según estimaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Impacto en viviendas y población
El Gobierno venezolano cifra en más de 12.800 las personas que perdieron sus viviendas debido a daños comprometedores y al colapso de numerosos edificios, la mayoría en el estado costero de La Guaira, el más golpeado por los terremotos. Esta catástrofe pone a prueba al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura de Maduro, así como a su nuevo aliado, Estados Unidos, y al plan de la Administración de Donald Trump para Venezuela, especialmente la fase de recuperación.
Según Washington, su plan "permanece intacto".
Reformas y apertura bajo Delcy Rodríguez
En los seis meses previos, bajo la lupa de la Casa Blanca, Delcy Rodríguez promovió la apertura de sectores como el petrolero, minero y eléctrico a la inversión privada y extranjera, desmontó progresivamente el gabinete de Maduro y renovó el alto mando militar. También impulsó una amnistía y cientos de excarcelaciones de presos políticos, y anunció reformas del sistema de justicia penal y reestructuración del Gobierno.
Una semana antes de los sismos, EE.UU. había dado un paso hacia la tercera etapa de su plan —la transición— al enviar a Caracas a la opositora Dinorah Figuera para iniciar conversaciones con el chavismo, dejando al margen a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien insiste en que tiene "la responsabilidad de dirigir" una negociación con el Gobierno de Rodríguez.
Conversaciones y futuro político
Las conversaciones entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (hermano de la jefa de Estado), y Figuera se sumaban al proceso de renovación institucional. Según Figuera, uno de los principales objetivos es conformar un "vigoroso, creíble y transparente" Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente controlado por el chavismo. Figuera había adelantado que debían "entregar en diciembre de 2026 el producto de un trabajo", lo que hoy luce incierto ante la tragedia.
Interinato de Delcy Rodríguez
El interinato de Delcy Rodríguez vence el 4 de julio, a los 180 días de la captura. Según la Constitución, la falta temporal del mandatario debe ser suplida por el vicepresidente ejecutivo por 90 días, prorrogables por 90 más, si el Parlamento lo decide, aunque no se discutió. El Parlamento, controlado por el chavismo, debería decidir si hay ausencia absoluta. De declararse, se debe convocar una "elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes", mientras Rodríguez seguiría al frente del Ejecutivo.
Sin embargo, el mismo día de la captura, el Supremo declaró que la ausencia de Maduro se dio en una "situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución", ordenando que Rodríguez asumiera la Presidencia encargada sin decidir sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial.
Apertura internacional tras los terremotos
La emergencia ha acelerado la apertura de Venezuela al mundo. En los últimos días, Caracas se ha acercado a países antes adversos como El Salvador, Ecuador, Chile, Panamá, Argentina, Guyana e Israel, que han enviado ayuda humanitaria, equipos de rescate y personal de salud. La Administración Trump asegura que "mantiene su compromiso de apoyar a los afectados y trabajar junto a socios para ayudar a las familias a reunirse, brindar asistencia y llevar esperanza donde más se necesita", y que su respuesta "sigue creciendo, con cientos de personas, asistencia humanitaria y capacidades especializadas".
La apertura también se refleja en la mayor presencia de medios extranjeros en el país, a los que antes se les dificultaba la entrada. Lo cierto es que, si antes no había certeza sobre el futuro político, ahora menos, al estar priorizada la atención a las víctimas y la búsqueda de soluciones para las miles de familias sin hogar, en una de las mayores catástrofes en la historia de Venezuela.
