Venezuela vive una emergencia humanitaria en el estado La Guaira, el más pequeño del país, convertido en la “zona cero” del terremoto de 7,2 y 7,5 grados que sacudió el norte del territorio nacional el miércoles por la tarde. Unos 250 edificios presentan daños estructurales y se reportan miles de desaparecidos en el casco urbano de la capital, donde habitan unas 400.000 personas.
Movilización de ayuda y restricciones
El gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, anunció el envío de al menos 100 funcionarios, ambulancias y equipos, que se unieron a la caravana de motorizados que desde los estados del llano llevan alimentos, colchones, agua potable, ropa y medicina para los afectados. Desde Caracas, también severamente afectada, salieron decenas de camiones con insumos. Sin embargo, la respuesta logística ha sido complicada. La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FUC-UCV) denunció que no se permite el acceso de voluntarios al estado. “Es hora de que nos dejen pasar a La Guaira. Estamos aquí recogiendo insumos y estamos dispuestos a ir a ayudar”, expresó una representante el jueves.
Wilbani León, director de los Ángeles de la Autopista, una brigada oficial de paramédicos viales, pidió no viajar a La Guaira en vehículos particulares para no retrasar el paso de ambulancias. Las autoridades argumentan que las restricciones buscan facilitar las labores de rescate, pero han generado molestia y politización de la tragedia. El activista Agustín Atonetti criticó: “Cuando salían 20 estudiantes a protestar, llegaban 200 militares en 5 minutos. Ahora en una de las tragedias más graves llevan más de 24 horas sin aparecer”.
Infraestructura colapsada y daños geológicos
Los hospitales están colapsados y los residentes realizan labores de rescate con sus propias manos. Gabriela Pérez, funcionaria pública y habitante de un edificio de la Misión Vivienda, relató a EFE: “Esto se prendió en candela con las bombonas (de gas) y nosotros cómo podíamos sacábamos a la gente. Aquí los funcionarios puras fotos y no han tenido la voluntad para meterse”.
La Guaira, separada por solo 30 km de Caracas, alberga el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y uno de los puertos más grandes del país. El aeropuerto cerró temporalmente por daños en el techo. La región se ubica en el límite entre las placas del Caribe y la Sudamericana, y el sismo activó las fallas de San Sebastián y Macuto. La infraestructura está levantada sobre depósitos aluviales sueltos, que sufrieron licuación, pulverizando los cimientos de los edificios.
Corrupción y falta de preparación
El crecimiento urbano descontrolado empujó la construcción de viviendas precarias en laderas inestables. Desde hace más de dos décadas, la comunidad académica advirtió sobre la necesidad de mitigación, pero los presupuestos destinados a ordenamiento territorial y reforzamiento sismorresistente se perdieron en corrupción estatal. La Guaira lleva casi tres décadas con gobernadores chavistas-maduristas. El actual gobernador, José Alejandro Terán, ha sido cuestionado por su escasa comunicación sobre la tragedia.
Según el analista Luis Carlos Díaz, el país “paga la factura” de la implementación del “Informe Citgo” y la Ley contra las ONG de 2024, que provocaron el exilio de personal técnico y la eliminación de organizaciones independientes. Además, la intervención de la Cruz Roja Venezolana por parte del Tribunal Supremo de Justicia mermó su credibilidad, dejando la operatividad en manos de la Cruz Roja Internacional, que enfrenta limitaciones.
Condiciones previas de vulnerabilidad
Antes del terremoto, La Guaira ya enfrentaba una crisis. El gobernador Terán había promovido Zonas Económicas Especiales para atraer capital extranjero y turismo de lujo, pero la realidad era precaria. Según datos de HumVenezuela, más del 50 % de los hogares guaireños perdió o vio disminuir drásticamente su principal fuente de ingresos formales durante 2025. Menos del 25 % de los hogares consume alimentos de forma suficiente y constante. Un joven dijo a EFE: “Vamos a buscar qué comer”.
La búsqueda y rescate continúan, pero los problemas de fondo se agravan. La emergencia exige transparencia en los meses venideros, que serán muy difíciles para el estado.
