Al gobierno de Gustavo Petro le restan 46 días, y ya emergen los desafíos fiscales que enfrentará la próxima administración, encabezada por el presidente electo Abelardo De La Espriella. Según el último informe del centro de pensamiento Anif, el equipo económico del abogado deberá construir consensos entre los distintos actores económicos para ejecutar ajustes que permitan sanear las finanzas públicas.
Riesgo de déficit primario superior al 4% del PIB
El escenario planteado por el Ejecutivo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) depende en gran medida de la ejecución presupuestal. Entre enero y mayo de este año, los recursos comprometidos del Presupuesto General de la Nación (PGN) aumentaron un 18,1% en términos nominales. Si se mantiene esa tendencia y no se rezaga el gasto para la siguiente vigencia, Anif advierte que el déficit primario podría superar el 4% del PIB.
"Por el contrario, si el Gobierno quiere cumplir con la desviación permitida por el Confis bajo la cláusula de escape de la regla fiscal, que permite máximo un déficit primario de 2,1% del PIB, se deberían rezagar al menos $63 billones, los cuales se tendrían que pagar en el 2027, heredando el problema a la nueva administración", agregó Anif.
Intereses de la deuda y déficit fiscal
A esto se suman las operaciones de deuda con las que el Ejecutivo buscaría reducir hasta un punto del PIB en ahorro de intereses. Anif advierte que existe un gran riesgo de que esto no se pueda efectuar por las dificultades de caja que enfrenta la Nación, con lo cual el pago de intereses subiría hasta 4,2% del PIB frente al 3,2% estimado por el Gobierno. De esta forma, el déficit fiscal alcanzaría el 7,2% del PIB.
Anif señala que estos factores colocan al país en una "disyuntiva compleja en cuanto a asumir los costos del ajuste fiscal este año o trasladar la carga para 2027 (...) con el riesgo de que las medidas requeridas en el futuro sean aún más exigentes".
Ajuste fiscal y recorte de gasto
Pese a que el Ejecutivo propone ajustar el déficit con una nueva reforma tributaria de $30,2 billones, el centro de pensamiento advierte que las medidas de menor éxito son las de menor gasto, objetivo hacia el que debe trabajar la siguiente administración. Anif propone enviar señales contundentes sobre los compromisos del Gobierno por la austeridad y sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que "puede tener efectos positivos en los costos de la deuda, apreciación del tipo de cambio y mejoras en la calificación crediticia".
El ajuste fiscal estimado a ejecutar en los próximos años es de $53 billones, equivalentes a 3 puntos del PIB. Para lograrlo, se requiere una combinación de austeridad, reforma al gasto y políticas para reactivar la inversión y la productividad. Anif propone racionalizar el gasto de funcionamiento mediante la reducción de la nómina pública, congelando y eliminando cargos, y revisando bonificaciones y esquemas de contratación; así como reducir los rubros discrecionales con el recorte de contratos por prestación de servicios y la eliminación gradual de subsidios a los combustibles.
"También se enfatiza la necesidad de revisar la estructura de subsidios y mejorar la focalización del gasto social mediante cruces de bases de datos. El impacto de estas medidas de ajuste podría ascender a 0,7 puntos del PIB ($14 billones)", apuntó Anif.
Eficiencia en inversión y reforma tributaria
Con respecto al gasto de inversión, Anif establece que se requieren medidas para mejorar la eficiencia, teniendo en cuenta que no todo lo que se destina actualmente es Capex: de cada $100 comprometidos en inversión, solo $35 son para inversión productiva. Por eso, se requiere evaluar los programas con baja ejecución y reasignar la inversión no comprometida para eliminar duplicidades.
Anif agrega que "dada la magnitud del ajuste fiscal requerido, una vez se realicen ajustes significativos en el gasto, se debe considerar una reforma tributaria estructural enfocada en ampliar la base tributaria y reducir la evasión". Entre las posibilidades se encuentran la disminución del umbral para declarar renta de personas naturales, la racionalización de beneficios y rentas exentas, y la eliminación de tratamientos tributarios preferenciales, así como el aumento de la progresividad de la tributación de pensiones. De hacerlo, se ajustarían cerca de $12 billones.
"Finalmente, resaltamos que el ajuste fiscal no será sostenible sin una recuperación del crecimiento económico. En ese sentido, es necesario complementar las medidas de gasto e ingresos con políticas orientadas a la reactivación sectorial, esto podría aportar al crecimiento al menos 1 punto porcentual adicional al año, lo que favorece el panorama fiscal para los próximos años", concluyó Anif.
