El crimen organizado ha dejado de ser un desafío exclusivamente asociado al orden público y se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del país, según advierte un reciente informe elaborado por Fedesarrollo. El centro de estudios propone al próximo gobierno replantear la estrategia para enfrentar estas estructuras ilegales y abordarlas como un fenómeno que afecta la inversión, la productividad, la gobernabilidad y el crecimiento regional.
La expansión de las economías ilícitas trasciende la seguridad
Fedesarrollo sostiene que la expansión de las economías ilícitas y de las organizaciones criminales ha trascendido el ámbito de la seguridad para incidir directamente sobre el funcionamiento de la economía. En ese contexto, advierte que limitar la respuesta del Estado resulta insuficiente frente a un problema que hoy condiciona el desarrollo de amplias zonas del territorio nacional.
Según el documento, las actividades criminales generan efectos que van mucho más allá de la violencia. También incrementan los costos para las empresas, afectan las cadenas productivas, desincentivan la inversión privada, deterioran la provisión de bienes públicos y reducen la capacidad institucional del Estado para impulsar el desarrollo en las regiones donde estas organizaciones consolidan su presencia.
Gobernanza criminal: el control territorial ilegal
Uno de los conceptos centrales del informe es la "gobernanza criminal", expresión con la que Fedesarrollo explica cómo organizaciones ilegales han logrado asumir funciones que corresponden al Estado, imponiendo reglas de comportamiento, resolviendo conflictos, regulando actividades económicas e incluso definiendo quién puede desarrollar determinadas actividades productivas en algunos territorios.
Este fenómeno termina alterando el funcionamiento de la economía local. La extorsión incrementa los costos para comerciantes y empresarios, la inseguridad limita nuevas inversiones y la captura de rentas ilegales reduce la competitividad de sectores productivos que operan dentro de la legalidad. Como resultado, las regiones más afectadas encuentran dificultades para atraer proyectos de desarrollo.
Fedesarrollo sostiene que esta dinámica también deteriora la confianza institucional y limita la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas. En aquellas zonas donde las organizaciones criminales ejercen control territorial, las decisiones económicas y sociales terminan condicionadas por estructuras ilegales, debilitando el funcionamiento de las instituciones y afectando el desarrollo de los mercados formales.
El impacto de las economías ilegales: coca y minería
El informe también llama la atención sobre el crecimiento de las actividades ilícitas que financian a estas organizaciones. Según Fedesarrollo, Colombia registra 261.000 hectáreas sembradas con coca, la cifra más alta de la que se tenga registro, con un potencial de producción de 3.001 toneladas de cocaína. Estas actividades representarían recursos equivalentes al 4,4% del PIB.
A ello se suma el crecimiento de la minería ilegal, que, de acuerdo con el estudio, ya representa alrededor del 1% del PIB. Esta actividad dejó de ser un fenómeno secundario y se consolidó como una de las principales fuentes de financiación para grupos armados y organizaciones criminales, especialmente en regiones donde convergen economías extractivas y baja presencia institucional.
Fedesarrollo señala que enfrentar rentas ilegales exige estrategias diferenciadas. Mientras el narcotráfico demanda intervenciones enfocadas en las cadenas de producción y comercialización de drogas, la minería ilegal requiere fortalecer mecanismos de trazabilidad, controlar las comercializadoras y combatir el lavado de activos asociado a la extracción ilícita de minerales.
Propuesta de estrategia integral para el próximo gobierno
Partiendo de todo lo anterior, el estudio evalúa las políticas implementadas durante los últimos años y concluye que los ceses al fuego coincidieron con aumento de fenómenos como la extorsión, las amenazas, los desplazamientos, los confinamientos y el reclutamiento de menores, mientras varias organizaciones ilegales ampliaron su control territorial aprovechando la menor presión militar.
Fedesarrollo plantea que el próximo gobierno debe evitar tanto una estrategia basada en la negociación como otra sustentada únicamente en la fuerza. En cambio, propone combinar inteligencia, coordinación institucional, fortalecimiento de la justicia, recuperación territorial y desarrollo económico como ejes de una política pública con resultados sostenibles.
El documento también recomienda concentrar los esfuerzos estatales en territorios estratégicos donde convergen altos niveles de violencia y economías ilegales, entre ellos Catatumbo, el Pacífico sur, Urabá-Darién, el Bajo Cauca, las principales ciudades y el sistema penitenciario. La focalización de recursos permitiría, según el análisis, recuperar la capacidad institucional en los lugares donde el crimen organizado ejerce mayor influencia.
Para Fedesarrollo, el principal reto del próximo gobierno será entender que la lucha contra el crimen organizado ya no puede limitarse a una política de seguridad. La recuperación del crecimiento económico y del desarrollo regional dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado para reducir las rentas ilegales, recuperar la gobernabilidad de los territorios y restablecer condiciones que permitan la inversión, la competencia y el funcionamiento pleno de la economía formal.
