El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha sido uno de los críticos más feroces del Acuerdo de Paz de 2016, que el próximo 24 de noviembre cumple su décimo aniversario. Sus cuestionamientos han despertado preocupaciones entre las víctimas del conflicto armado, que se preguntan qué pasará en los próximos cuatro años con una implementación todavía rezagada y cuál será su lugar en un gobierno que no ha dado pistas sobre tener una política de paz.
Blindajes jurídicos e internacionales
Aunque persisten los temores sobre el futuro de instituciones derivadas del Acuerdo, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –que De la Espriella ha dicho que tumbaría “de un plumazo”–, expertos consultados por Colombia+20 coinciden en que el presidente electo no podría desconocer lo pactado sin asumir importantes costos jurídicos, políticos e internacionales.
Durante el proceso de negociación y firma, Colombia acudió a países acompañantes y a una red de cooperación internacional que apostó por la salida negociada al conflicto. “No solo hubo un capital simbólico, sino también financiación. Y yo creo que ahí hay un riesgo de que nos lleven a romper o no cumplir compromisos internacionales”, explica Ángela Olaya, directora de la Fundación Conflict Responses (CORE).
Un acuerdo de Estado
A esos compromisos se suma un elemento que para Leonardo González, director de Indepaz, es fundamental: el Acuerdo de Paz es un acuerdo de Estado y “no depende de si hay un gobierno de izquierda o de derecha. Lo que llamamos el derecho a la paz no depende solamente de la política o de la posición de un gobierno, sino de toda la sociedad”.
Para Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos, la realidad de gobernar podría chocar con las posturas de campaña. “La propia dinámica centrípeta de la campaña fue llevando a los candidatos a extremar sus puntos de vista”, dijo en entrevista con Caracol Radio. “Cuando se siente en la Casa de Nariño, va a tener una realidad”.
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y reforma rural
Entre los elementos del Acuerdo que podrían servir como hoja de ruta están los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), diseñados para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los 170 municipios más afectados por el conflicto. Aunque los PDET fueron prorrogados hasta 2037, no está claro el nivel de prioridad que les dará el próximo gobierno.
Los interrogantes también alcanzan a la Reforma Rural Integral, porque en su plan de gobierno De la Espriella señala que acabará con la reforma agraria a la que califica de “falsa”.
Arquitectura institucional y Misión de la ONU
No está claro si la Unidad de Implementación adscrita a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz seguirá, será reformada o si el gobierno tendrá una dependencia encargada de la implementación. La Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) también podría estar en riesgo. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia estaría en la cuerda floja, ya que De la Espriella ha calificado a la ONU como un “directorio político de la izquierda”. Su continuidad depende de que el Estado solicite anualmente al Consejo de Seguridad la renovación del mandato, una gestión que el nuevo gobierno debe hacer en octubre.
El pasado 31 de octubre, por primera vez, no hubo consenso en el Consejo de Seguridad sobre la renovación del mandato, aunque finalmente fue aprobada por un año más. Como resultado de la presión de Estados Unidos, quedaron excluidas dos funciones: la verificación de las sanciones propias de la JEP y el seguimiento al capítulo étnico.
Asesinato de líderes sociales y firmantes
Desde 2025 han sido asesinados 255 líderes sociales y 43 firmantes del Acuerdo de Paz, según Indepaz. En total, desde 2016 han sido asesinados 481 excombatientes. Para González, el fenómeno no puede leerse únicamente como consecuencia del conflicto armado: “Detrás de muchos asesinatos hay disputas territoriales, economías ilegales y conflictos socioambientales”.
La protección de personas en riesgo recae principalmente en la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), un modelo costoso (COP 3 billones) con bajo impacto, según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
¿Se puede desmontar la JEP?
De la Espriella ha sostenido que la JEP no ha producido justicia sino impunidad. “Desmovilizaron a unos bandidos, a los que les dieron curules regaladas en el Congreso, y esa FARC se convirtió en cinco FARC. La JEP es un tribunal para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las FARC”, dijo a Caracol Radio.
De la Calle reconoce fallas en la JEP, como la lentitud en las decisiones, pero señala que eliminarla no es fácil. La JEP ha documentado más de 21.000 secuestros cometidos por las FARC y ha avanzado en la investigación del reclutamiento de al menos 18.677 niños y niñas.
Para eliminar la JEP se requeriría una reforma constitucional, ya que el Acuerdo y aspectos de la JEP están incorporados a la Constitución. “La JEP no la puede eliminar simplemente por decreto”, advierte González. Otra preocupación es un posible desfinanciamiento: para ejecutar las sanciones propias, la JEP necesita cerca de $450.000 millones, y el Fondo Colombia en Paz había asignado apenas $316.000 millones en 2024.
Los expertos coinciden en que deshacer el andamiaje del Acuerdo sería una tarea cuesta arriba. Una década después de La Habana, sus blindajes jurídicos e internacionales siguen siendo uno de sus principales mecanismos de protección.
