El escrutinio de la segunda vuelta presidencial continúa avanzando mientras llegan las felicitaciones para Abelardo De La Espriella, quien lidera los resultados según el preconteo oficial. Entretanto, su contendor, el senador Iván Cepeda, mantiene reparos sobre el proceso y anunció que su campaña presentó más de 57.000 reclamaciones ante las autoridades electorales.
De acuerdo con los resultados preliminares, De La Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, mientras que Cepeda alcanzó 12,7 millones. La diferencia entre ambos candidatos fue de 250.830 sufragios, equivalente a 0,96 puntos porcentuales, una de las contiendas más reñidas de los últimos años en el país.
Hallazgos de la veeduría electoral
El director del Instituto de Ciencia Política (ICP), Carlos Augusto Chacón, reveló en diálogo con Mañanas Blu los hallazgos de una veeduría electoral que pone bajo la lupa los resultados de las pasadas elecciones en Colombia. Según el informe presentado, se han identificado señales claras de "voto fusil" o voto constreñido en cientos de puestos de votación, donde el dominio de un solo candidato y la participación masiva sugieren una presión directa de grupos armados ilegales sobre la población civil.
Metodología y hallazgos cuantitativos
La investigación, realizada en conjunto con la Fundación Colombia 2050, analizó datos de la primera vuelta electoral y detectó 504 puestos de votación con señales atípicas y niveles de riesgo fuera de Bogotá. Chacón explicó que una señal atípica se define como una "votación superior al 90% o inferior al 15% y el dominio de un solo candidato ganador en el percentil 90, que quiere decir superior al 83,62%".
En estos puntos específicos, se contabilizaron un total de 361.313 votos que coinciden geográficamente con las alertas urgentes de la Defensoría del Pueblo y el mapa de riesgos de la Misión de Observación Electoral (MOE). "Efectivamente los municipios están en lugares de alerta, lo cruzamos con que haya información de fuentes abiertas, de fuentes oficiales", afirmó Chacón.
Patrones de constreñimiento y "voto fusil"
Más allá de las cifras, la denuncia se sustenta en el trabajo de campo de más de 200 veedores que reportaron tácticas de control criminal. Chacón detalló que se encontraron "patrones de constreñimiento, carnetización, restricciones a la movilidad" y casos donde a los ciudadanos se les exigía el certificado de votación bajo amenaza de "sanciones y multas incluso en cemento o en plata".
Uno de los ejemplos más críticos ocurrió en Yondó, Antioquia, donde se reportó que "integrantes identificados como miembros del ELN habrían realizado una reunión con la comunidad el 20 de junio para promover el voto a favor de un candidato en específico", refiriéndose a Iván Cepeda, según la denuncia.
Impacto en zonas de conflicto
Según el director del ICP, estas acciones buscan favorecer un proyecto político específico: "es apenas razonable pensar que los grupos vieran en esa alternativa política una forma de seguirse fortaleciendo los próximos 4 años" a través de la política de paz total. El fenómeno no es aislado y afecta principalmente a las zonas rurales y periféricas del país.
El mapa de atipicidad se concentra en el litoral Pacífico (Chocó, Cauca, Nariño), Putumayo, la Amazonía y Orinoquía (Guaviare, Caquetá), y el Catatumbo en Norte de Santander. También se registraron alertas en Antioquia, Sucre, Córdoba, Bolívar y Meta, entre otros departamentos.
Chacón enfatizó que el objetivo de estas denuncias no es criminalizar al votante, sino visibilizar su condición de víctima. "No estamos estigmatizando a esa población, estamos alertando que esa población está siendo víctima... hay colombianos, cientos de miles de colombianos que están sometidos al control", concluyó.
