Un grupo de exministros, exfuncionarios, académicos y representantes de distintos sectores del país publicó este 9 de julio el denominado Manifiesto del Centro Político, un texto en el que hace un llamado a respetar los resultados de las elecciones presidenciales, rechaza los llamados a la desobediencia civil y pide preservar la estabilidad institucional. El escrito fue difundido a través de la cuenta de X del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
Firmantes del manifiesto
Entre los firmantes figuran Alejandro Gaviria, Cecilia López, Juan Camilo Restrepo, Jorge Humberto Botero, Moisés Wasserman y Juan Daniel Oviedo, entre otros. El pronunciamiento, en el que participan más de veinte personajes de la política, sostiene que Colombia atraviesa una coyuntura que exige defender el orden constitucional previsto en la Carta Política de 1991.
Desde esa premisa, los firmantes cuestionan los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda sobre el proceso electoral y afirman que la oposición dispone de mecanismos institucionales suficientes para ejercer control político sin acudir a figuras como la desobediencia civil.
Defensa de los resultados electorales
El texto comienza destacando el desarrollo de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio y afirma que el proceso fue transparente y contó con un amplio respaldo ciudadano. "Los comicios del 21 de junio fueron admirables. Una proporción mayor que la habitual de los ciudadanos habilitados para votar acudieron a las urnas, demostración inequívoca de que asignan un valor elevado a su participación en la escogencia de quienes han de gobernarnos", señala el manifiesto.
Los firmantes también resaltan el trabajo de la autoridad electoral. "Con su proverbial celeridad y transparencia, la Registraduría Nacional divulgó los datos del preconteo, los cuales fueron confirmados en las operaciones de escrutinio. Los observadores internacionales, la prensa internacional, instituciones y gobiernos extranjeros han destacado la pulcritud de los resultados", indica el documento.
No obstante, el texto sostiene que el ambiente político cambió después de conocerse el resultado definitivo de las elecciones. Según los firmantes, "al finalizar el escrutinio, Iván Cepeda reconoció los resultados de las elecciones. A su vez, el presidente saliente, Gustavo Petro, tomó la decisión de llevar a cabo el proceso de empalme, actitud que era claramente indicativa de su voluntad de entregar el poder a su sucesor. Sin embargo, en los últimos días uno y otro han comenzado a cuestionar los resultados electorales, en una actitud abiertamente antidemocrática colocando al país al borde de una grave crisis institucional".
Rechazo a la desobediencia civil
Uno de los principales ejes del manifiesto es la crítica al uso de la figura de la desobediencia civil en el actual contexto político colombiano. Para sustentar esa posición, los firmantes recuerdan que este mecanismo surgió históricamente como una forma de resistencia frente a regímenes considerados injustos o discriminatorios.
El texto explica que la desobediencia civil fue planteada por Henry David Thoreau y posteriormente utilizada por líderes como Martin Luther King, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi. Sin embargo, sostiene que las circunstancias actuales de Colombia son distintas. "El uso de esta figura por parte de Cepeda y Petro se sitúa en las antípodas de esas posturas, pues intenta desconocer la legitimidad del nuevo mandatario a pesar de su triunfo electoral mediante un subterfugio: su doble nacionalidad colombo-estadounidense", afirma el documento.
En esa misma línea, el manifiesto advierte sobre las consecuencias que podrían derivarse de un eventual llamado a la resistencia civil. "Las incitaciones a la desobediencia civil podrían conducir a severos trastornos sociales, tales como la perturbación del orden público, la declinación del pago de tributos o el desacato a los funcionarios designados por el presidente. Que esos actos de desobediencia sean pacíficos, no los convierte en legales. Y mucho menos en convenientes para la estabilidad democrática del país. No es nada improbable que puedan dar pábulo para actos de violencia urbana o rural", señala.
Mecanismos institucionales de la oposición
Los firmantes sostienen además que el ordenamiento jurídico colombiano ya contempla mecanismos para que la oposición ejerza control sobre el Gobierno. El manifiesto recuerda que la Constitución incorpora un Estatuto de la Oposición, el derecho de réplica, el acceso a información oficial, la posibilidad de promover mociones de censura contra ministros y las acciones judiciales para cuestionar decisiones del Ejecutivo o incluso solicitar la nulidad de una elección presidencial ante el Consejo de Estado.
Llamado al presidente electo
Aunque el escrito respalda la legitimidad del resultado electoral, también dedica un apartado a Abelardo de la Espriella. Allí reconoce que la doble nacionalidad no constituye un impedimento constitucional para ejercer la Presidencia de la República, aunque plantea que esa condición podría generar eventuales conflictos de interés en la conducción de la política exterior.
Sobre ese punto, el manifiesto expresa: "La doble nacionalidad no es, en Colombia, incompatible según la Constitución de 1991 para ejercer la Presidencia de la República. Si lo es para ciertos cargos diplomáticos. Sin embargo, la doble nacionalidad colombo-estadounidense que ostenta Abelardo de la Espriella sí puede situarlo en un complejo conflicto de interés. A pesar de los muchos valores y políticas comunes, tanto Colombia como Estados Unidos deben velar por los suyos. Trump lo ha dicho con claridad: 'America First'. En bien de nuestro país, sería bienvenido que De la Espriella renuncie a la nacionalidad estadounidense: 'Colombia primero'".
Llamado a la unidad nacional
Finalmente, los firmantes hacen un llamado para que el presidente electo gobierne con un discurso de unidad nacional y para que todos los actores políticos contribuyan a preservar la estabilidad democrática. El texto concluye que "es indispensable que encontremos el camino de la construcción de unos acuerdos mínimos para salvaguardar la democracia y la estabilidad institucional", al tiempo que recuerda que "la paz social no es producto de negociación alguna; la paz de todos proviene del comportamiento pacífico de cada uno".
