En abril de este año, el periodista Jorge Hernán Peláez advirtió en su columna sobre la crisis de la Nueva EPS, en un texto titulado “Muerta EPS”. Ahora, los estados financieros de la entidad para 2023 y 2024, publicados tras un inexplicable retraso, confirman la gravedad de la situación. Este retraso, que pasó por manos de diferentes miembros del gobierno, refleja una falta de responsabilidad para garantizar la vida de los ciudadanos.
Pérdidas millonarias y patrimonio negativo
Al cierre de 2024, la Nueva EPS registró ingresos ordinarios por $22,2 billones de pesos, mientras que el costo de prestación de servicios de salud ascendió a $26,4 billones. Los gastos administrativos fueron de $0,5 billones (2,5% de los ingresos), lo que resultó en una pérdida anual de $4,8 billones. En 2023, la pérdida fue aún mayor, alcanzando los $6,5 billones. Actualmente, el patrimonio negativo supera los $10 billones de pesos.
La UPC, insuficiente para cubrir costos
Estas cifras demuestran que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —el valor anual que el Estado reconoce a cada EPS por afiliado— es insuficiente. Según Peláez, los expertos siempre tuvieron razón al señalar que la UPC debe recalcularse. La diferencia entre ingresos y costos evidencia un desbalance estructural que ha llevado a la entidad al borde de la quiebra.
Intervención cuestionada y facturas sin pagar
El último agente interventor, el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, de cuestionable reputación, explicó que tuvieron que reconstruir la historia de más de 10 millones de facturas, algunas de 2008, antes de la facturación electrónica. Ospina generó más dudas que respuestas sobre el manejo de la crisis.
Impacto humano: un genocidio silencioso
Peláez califica la situación como un genocidio, ya que la ineficiencia estatal afecta a miles de pacientes de alto costo, muchos de los cuales han fallecido. El quiebre total va más allá del flujo de caja: es el quiebre de familias enteras que nunca volverán a ver a sus seres queridos. El nuevo gobierno enfrenta un monstruo de siete cabezas en total insolvencia, que requerirá capitalización, privatización o fusión.
Llamado a la responsabilidad
“Ya sabemos quiénes son los responsables”, afirma Peláez, quien espera que la nueva administración logre recuperar las vidas en riesgo y penalice a los funcionarios salientes irresponsables. Este caso es un ejemplo de por qué el Estado no debería administrar, sino regular, dejando el negocio a quienes saben hacerlo bien: los privados.
