El presidente Gustavo Petro ha sembrado dudas sobre la tecnología empleada por la Registraduría Nacional del Estado Civil durante la campaña electoral, acusando la opacidad del código fuente del software de escrutinio como evidencia de manipulación electoral. Aunque la crítica a la tecnología electoral no es nueva, lo inédito es que provenga desde el Palacio de Nariño, no de la oposición ni de quienes compiten contra el gobierno, sino de quien lo encabeza.
La asimetría de la duda tecnológica
El software electoral posee una cualidad que favorece al acusador: su complejidad técnica genera una asimetría de comprensión. Alegar manipulación es sencillo y no requiere pruebas, mientras que desmentirlo exige semanas de peritaje, auditorías externas y comunicación clara. Para cuando la refutación llega, la narrativa ya está instalada. Este principio —la duda sembrada no necesita ser demostrada— es la base de todas las narrativas de fraude tecnológico. No se trata de probar nada, sino de generar desconfianza suficiente para que cualquier resultado adverso pueda interpretarse como conspiración. Las autoridades electorales pasan a ser defensoras de su inocencia en lugar de garantes del proceso.
Un patrón que cruza ideologías
El análisis del caso Petro no destaca por su singularidad, sino por pertenecer a una pauta que atraviesa el espectro ideológico. Donald Trump, en 2020, construyó un episodio de desinformación electoral basado en la manipulación de las máquinas de Dominion Voting Systems y Smartmatic, desmentido por más de sesenta tribunales, el Departamento de Justicia y auditores independientes. Esa narrativa fue un catalizador del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Jair Bolsonaro fue más lejos al cuestionar las urnas electrónicas brasileñas, un sistema probado durante décadas que incluso lo había llevado al poder. La tecnología que lo hizo presidente se convirtió, tras su derrota, en la tecnología que lo traicionó. Petro se ubica en las antípodas ideológicas de Trump y Bolsonaro, pero la narrativa del fraude es transversal, mostrando un recurso político que funciona independientemente del signo de quien lo emplea.
Daños institucionales profundos
Más allá del episodio concreto, estas narrativas producen daños que se miden en años o décadas. El primero es la erosión de la confianza en la democracia electoral como mecanismo legítimo de alternancia. El segundo, menos visible pero igualmente grave, es la dificultad para modernizar los sistemas electorales: si el código fuente es sospechoso hoy, lo será mañana, limitando la introducción de innovaciones que mejorarían transparencia, accesibilidad y eficiencia. El tercer daño es la normalización del no reconocimiento de resultados como opción política viable. Cada vez que un líder relevante impugna un resultado sin pruebas y sin consecuencias, el umbral para hacerlo baja.
Antecedentes judiciales y consecuencias
En los últimos años han surgido antecedentes judiciales que demuestran que las democracias pueden establecer consecuencias reales. En junio de 2023, el Tribunal Superior Electoral de Brasil inhabilitó a Jair Bolsonaro para cargos públicos hasta 2030 por sembrar dudas infundadas sobre las urnas electrónicas, documentando abuso de poder político y difusión deliberada de mentiras que pusieron en jaque la credibilidad de la justicia electoral. En Estados Unidos, Fox News difundió activamente la narrativa de que las máquinas de Dominion Voting Systems fueron manipuladas. Dominion demandó por difamación, y en abril de 2023, el Tribunal Superior de Delaware determinó que las declaraciones eran falsas. Fox News acordó pagar 787 millones de dólares para evitar el juicio, revelando que internamente reconocían la falsedad pero difundían la información por razones comerciales.
Estos casos indican que la primera línea de respuesta institucional es evitar la impunidad. Cuando la narrativa del fraude tecnológico se difunde sin costos jurídicos, políticos o reputacionales, se convierte en un recurso gratuito. Cuando genera consecuencias reales, el cálculo cambia. Colombia deberá tomar medidas para que el costo de desinformar sea suficientemente alto para que los actores políticos lo piensen dos veces.
Jesús Delgado Valery es Director de Programas de Transparencia Electoral. Licenciado en Relaciones Internacionales. Magíster en Estudios Electorales.
